Por: Redacción

Dada la presunta responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en el delito de espionaje ilegal a diversas personalidades de la vida pública, el diputado Omar Ortega Álvarez propuso que no sea dicho Ministerio Público quien investigue el crimen, sino expertos independientes.

Así se lo propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a través de una proposición de punto de acuerdo en la cual pide al Legislativo Federal exhortar al Ejecutivo a conformar dicho grupo de expertos, pues resultaría completamente equivocado que la PGR investigue un ilícito del cual ella es una de las principales sospechosas.

El parlamentario refirió que, de acuerdo con las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, el gobierno mexicano gastó más de 600 millones de pesos en sólo dos años para actualizar el programa informático de espionaje “Pegasus”.

Tal programa habría servido para acechar a periodistas, defensores de Derechos Humanos y otras personalidades, entre ellos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que dieron seguimiento a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, según reveló el diario estadounidense New York Times.

“Con un costo unitario de 77 mil dólares, el spyware se encarga de monitorear todos los datos personales, correos electrónicos y mensajes del dueño del teléfono celular, a quien también puede geo localizar. Además controla el micrófono y la cámara del aparato, y recoge del mismo todos los contactos”, puntualizó.

Cuatro facturas digitales y un documento interno de la PGR revelan que la empresa “Proyectos y Diseño VME” fue la principal beneficiaria del gasto gubernamental para la compra y actualización del programa informático denominado “Pegasus”, desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies LTD.

La adquisición y actualizaciones las habrían hecho la propia PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Una de las facturas revela que en octubre de 2015 la PGR pagó 145 millones de pesos por una primera actualización, otra que el gobierno mexicano erogó 344.5 millones más en 2016 para incrementar su capacidad, una más que la Sedena utilizó un millón 113 mil pesos para hacer lo propio y, finalmente, la PGR pagó 113 millones más para una actualización adicional en 2016.

Con ésta última, la vigilancia intrusiva del software escaló a los teléfonos modelo iPhone 5 y 6, al sistema operativo iOS 9.2, a los Android Samsung GT y a los Blackberry 8520.

Ortega Álvarez consideró inconcebible que, en un país con más de 30 mil desaparecidos; los más altos índices de violencia y criminalidad en el mundo, y constantes recortes a educación, salud e inversión productiva, el gobierno utilice el dinero de los contribuyentes a espiar a periodistas, defensores de Derechos Humanos y opositores al régimen.

El Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD apuntó que esto no puede seguir y un primer paso para ello es que PGR, CISEN y Sedena informen cómo ejercen los recursos de los contribuyentes que, a través del presupuesto, se les asigna y cuánto del mismo destinaron realmente a compra y actualización de “Pegasus”.

Hace un mes, aproximadamente, el parlamentario ya había solicitado que la PGR informara si existe alguna orden u autorización judicial para espiar a ciudadanos participantes en la Alianza para el Gobierno Abierto, cuya confianza habría traicionado por la intrusión ilegal de la que los hizo víctimas.

Ahora exigió que no sea PGR quien investigue, sino un grupo de expertos independientes, pues además de que no es digna de confianza, no puede ser “juez y parte” en las pesquisas sobre un ilícito de cuya comisión es presunta responsable.