Por: Redacción/

Ante las graves fallas reglamentarias y conceptuales con las que en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de Ley General de Comunicación Social, Rafael Hernández Soriano exhortó respetuosamente al Senado de la República a subsanarlas a fin de que se cumpla el mandato de la Constitución y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un ordenamiento jurídico en esta materia, que realmente sirva a la ciudadanía.

El secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados reiteró que el dictamen aprobado por este órgano legislativo y enviado al Senado como minuta es lesiva, porque institucionaliza y legaliza las peores prácticas del actual gobierno federal en materia de propaganda y publicidad gubernamental.

Precisó que esto es así, porque este proyecto de ley da manga ancha para gasto excesivo en la emisión de mensajes parciales, tendenciosos, facciosos y mentirosos del gobierno y los partidos que representa, y porque pretende un control indebido sobre los medios de comunicación y, por lo tanto, en realidad coarta el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, lo cual es particularmente grave en procesos electorales como el actual.

Hernández Soriano recordó que, en cuanto al procedimiento, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside Mercedes del Carmen Guillén Vicente se limitó a copiar casi textualmente la iniciativa que ella misma presentó a nombre de su partido y sus aliados – el PRI con el PVEM y Nueva Alianza-, por lo que ignoró las otras siete de otros tantos legisladores, entre ellos la de la diputada Ivanova Pool Pech, del GPPRD.

Mucho menos atendió opiniones y propuestas de organizaciones civiles, instituciones académicas, comunicadores, comunicólogos, periodistas y otras personalidades que reiteradamente le insistieron sobre las deficiencias de la propuesta priista y la llegaron a tildar como “ley chayote” –en referencia a que, por medio del padrón de medios de comunicación y la discrecionalidad para contratarlos y “premiarlos” o coaccionarlos por el tipo de información y opiniones que difunden-, pese a lo cual esos partidos la impusieron con extraña prisa.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, denunció que pretende institucionalizar la publicidad y propaganda facciosa del gobierno al dejar abierta la puerta al indebido cacareo de logros (cuando el gobierno está de por sí obligado a dar resultados), a la realización de “campañas extraordinarias” no presupuestadas y al sobreejercicio del gasto incluso en periodos electorales expresamente prohibidos en otros ordenamientos.

Además, permite el excesivo y arbitrario control de la Secretaría de Gobernación sobre ese gasto y publicidad a través del “padrón de medios”, la emisión unilateral de lineamientos y la reasignación de tiempos fiscales.

El legislador del GPPRD consideró la prisa por aprobar esta ley cuanto más sospechosa porque todo el país está en vísperas de renovar la Presidencia de la República, las cámaras de Senadores y de Diputados, 27 congresos locales y mil 596 ayuntamientos en 24 entidades federativas.

En este escenario –dijo- les urge a los partidos en el poder –PRI, PVEM y Nueva Alianza- ejercer discrecionalmente el multimillonario gasto en propaganda y publicidad gubernamental para tratar de posicionar a sus alicaídos candidatos, aun cuando su Ley General de Comunicación Social, por sus múltiples vicios y defectos, fuera controvertible ante la misma Suprema Corte y, después del día de las elecciones, muy probablemente se anule.

Cuestionó que en esta propuesta de ley se mantenga el gasto excesivo en materia de imagen del presidente y del gobierno federal, que ha sido del orden de 80 mil millones de pesos, cuando el Jefe del Ejecutivo es el peor calificado en los últimos años, además de que es “contraria al interés público, en especial cuando el candidato oficial, José Antonio Meade Kuribreña, y los demás candidatos oficialistas de los partidos mencionados se ubican tan abajo en las preferencias electorales, con riesgo de irse en conjunto al cuarto sitio? En verdad parece urgirles derrochar el dinero público en propaganda facciosa a su favor, y eso el Senado, como órgano del Estado Mexicano, no debiera permitirlo, como no debió hacerlo la Cámara de Diputados”, concluyó Hernández Soriano.