• La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob visitaron al activista en el centro penitenciario “Venustiano Carranza” en Tepic, Nayarit, con el objetivo de revisar su estado de salud y que su situación podría estar vinculado con su actividad defensora

Por: Oscar Nogueda/

La Subsecretaria de Derechos Humanos, Migración y Población subrayó la necesidad de una investigación imparcial y garantizar la presunción de inocencia en el caso de la detención de Santiago Becerra Perez, coordinador del Colectivo Familias Unidas por Nayarit.

“Es necesario contar con una investigación imparcial de los hechos y garantizar la presunción de inocencia. Restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias incide directamente en un debilitamiento del Estado democrático”, señaló la Subsecretaria.

De acuerdo a la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el 28  deenero hombres encapuchados detuvieron con violencia a Pérez Becerra en su domicilio, a pesar de ser notificados sobre un problema de salud del detenido.  Posteriormente, la Fiscalía de  Nayarit  publicó información sobre la detención de Pérez Becerra, la cual viola el principio de presunción de inocencia. Cabe destacar que las autoridades locales realizaron esta acción con base en una orden de aprehensión del 9 de octubre del 2006

“El coordinador del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, Santiago Pérez Becerra se ha caracterizado por realizar actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos, en particular, con la búsqueda de personas desaparecidas en dicha entidad”, indicó la Subsecretaria.

Por ello, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) manifestó su preocupación por la detención del activista y las amenazas contra los colectivos de búsqueda de personas en Nayarit.

Ante esta situación, el Comité CED instó al Estado  mexicano a explicar los motivos de la detención de Pérez Becerra,  asegurar el derecho a un juicio imparcial y justo, respetar el debido proceso y garantizar la salud e integridad del coordinador.  Las medidas adoptados por el Estado deben ser informadas al Comité antes del 3 de marzo.

“Los actos de represión contra personas defensoras en la entidad suceden después de la emisión por parte del CED de acciones urgentes para la búsqueda de personas desaparecidas, y que han servido para visibilizar la crisis de desapariciones forzadas e impunidad en Nayarit, así como la actuación en estos actos de exfuncionarios y funcionarios en activo”, señaló Idheas.

En respuesta a la solicitud del Comité de Naciones Unidas, funcionarios públicos  de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob visitaron al activista en el centro penitenciario “Venustiano Carranza” en Tepic, Nayarit, con el objetivo de revisar su estado de salud y que su situación podría estar vinculado con su actividad defensora.

El Comité CED recordó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de garantizar que las personas que pueden estar involucradas en desapariciones forzadas no influyan en las investigaciones, ejerzan presiones y actos de intimidación sobre los individuos que participan en las investigaciones.

Por último, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos  reiteró que continuará impulsando las acciones necesarias para atender el caso de Pérez Becerra.