Por: Redacción

Al inaugurar el “Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, La Justicia que merecemos: de la implementación a la consolidación”, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó que el próximo 18 de junio entrará en plena vigencia en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señaló que ha tomado ocho años que las instituciones del Estado Mexicano estén preparadas para la entrada en vigor de este nuevo modelo de justicia penal. Explicó que este plazo de gracia de ocho años vence el próximo 18 de junio, y ese día “no se dará por concluido, sino por iniciado este nuevo modelo con vigencia plena y estará a prueba la eficiencia del mismo”.

El Primer Mandatario subrayó que “estamos ante un hecho histórico dentro de la justicia de nuestro país, ante un avance inédito de más de 100 años de estar al amparo de un modelo que hoy está cambiando con un propósito: asegurar que en nuestro país haya una eficaz administración de justicia”.

Precisó que el modelo de justicia seguido por nuestro país por más de 100 años “daba muestras de debilidad, de agotamiento y de incapacidad para cumplir lo que mandata nuestra Constitución: que entre los mexicanos la justicia en todos los órdenes, pero específicamente en el penal, fuera pronta y expedita”.

“Este paso que estamos dando es absolutamente relevante y significativo para nuestro país, porque está en favor de lograr lo más importante: que la sociedad mexicana pueda confiar y encontrar en este modelo de justicia que realmente se administre plenamente la justicia, como lo mandata nuestra Constitución”, refirió.

El Presidente Peña Nieto recordó que diez años atrás “diferentes organizaciones de la sociedad civil se plantearon impulsar el cambio de este modelo de justicia, para hacer uno con distintas características”. Por ello, expresó su reconocimiento a las organizaciones civiles que se comprometieron en este trabajo; “su esfuerzo no ha sido en vano”.

El Titular del Ejecutivo Federal dio indicaciones al Secretario de Gobernación para encontrar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, mecanismos para que una vez que entre en vigencia el nuevo modelo de Justicia Penal, “lo podamos seguir, evaluar, retroalimentar a partir de las experiencias que se tenga en cada entidad y en el orden federal, y que eso nos permita enriquecer, y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo el país”.

A su vez, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que se está por concluir con éxito la etapa de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, “una revolución procesal sin precedente ni punto de comparación en toda la historia jurídica de nuestro país”, afirmó.

Mencionó que con su implementación “estamos en el camino correcto para cambiar la inercia histórica que nos llega de hace siglos, que no por eso es mala, sino porque el desarrollo del reconocimiento y avance en el respeto a todos los derechos obligó a repensar y orientar un camino diferente, que permita satisfacer los anhelos de una sociedad cada vez más participativa, más informada y más exigente”.

Precisó que, en los últimos ocho años, y especialmente en el reciente año y medio, se han sentado las bases en el Consejo de la Judicatura Federal para crear una estructura física y humana para satisfacer la nueva Justicia Penal Federal. Anunció que ya se cuenta con Centros de Justicia en todas las entidades federativas, así como con juzgadores para atenderlas en condiciones óptimas.

Indicó que están designados para atenderlos 118 Jueces de Distrito que pasaron por 14 rigurosos procesos de selección y capacitación. “Con ello no sólo hemos cumplido con la ley, sino que, además, hemos evitado e impedido, porque así lo queremos, cualquier influencia en la designación de los jueces que no sea su preparación, su capacidad y, desde luego, haciendo a un lado cualquier posibilidad de nepotismo o de designación indebida”.

Resaltó que en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un acceso directo en el Semanario Judicial a todos los criterios que se han sostenido en relación con el nuevo Sistema, además de un capítulo sobre la jurisprudencia relativa por derecho humano protegido y reconocido en la Constitución. El Poder Judicial de la Federación asume su compromiso, enfatizó. “No cejaremos en nuestro propósito de cumplir con el pueblo de México”.

Por su parte, Alejandro Martí García, Presidente de México S.O.S., destacó que la coordinación ha sido esencial para lograr los avances que hoy se tienen en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que se han sumado los conocimientos, experiencias y capacidades de los tres Poderes de la Unión y de los Poderes de las entidades federativas.

Consideró que la continuidad es fundamental para la nueva etapa y, por ello, exhortó a que se mantenga el Consejo de Coordinación para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Dijo que “una reforma tan trascendente y paradigmática requiere un seguimiento ejemplar en los próximos años”, y señaló que “sin este Consejo, donde concurren los Poderes Federales, la academia y la ciudadanía, no podremos garantizar fehacientemente el éxito en el cambio de mentalidad, en la corrección de pequeños detalles para lograr la justicia que tanto requiere la ciudadanía”.

Explicó que, a ocho años de la Reforma Penal, se ha puesto en marcha el nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca una justicia pronta y expedita para todos, además de que se provee equidad jurídica entre víctimas y victimarios, sin que se privilegie a uno sobre los otros, a fin de que los derechos humanos sean para ambos.

Expuso que “somos muchos los protagonistas y luchadores por la grandeza de nuestro país y seguiremos firmes, con la esperanza renovada y con la certeza de que esta nueva etapa venidera, en la consolidación de un nuevo sistema de justicia, hará cada vez más tangibles los beneficios para cada mexicano”.

Precisó que “la confianza en nuestras instituciones es fundamental para una auténtica vida democrática”.

En este contexto, Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que nunca en la historia jurídica de América Latina se había intentado una reforma del alcance de la transformación del procedimiento penal que se lleva a cabo en México.

Recordó que se suelen citar los casos de Colombia y de Chile, pero expuso que sus condiciones geográficas, su número de habitantes, su extensión y hasta su forma de gobierno, hacen que la comparación sea imposible.

Mencionó que, en el 2008, México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas. Por ello, agregó, “nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas”.

Recomendó “contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi en tiempo real. Ésta puede ser la tarea que haga la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año”.

Indicó que, a partir de la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, el próximo 18 de junio, se deberá informar a la sociedad del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán a partir de esa fecha, sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia.

Destacó que habrá que formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral; capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal; complementar el marco jurídico para que las reglas del sistema sean claras y conocidas por todos los operadores, y desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.