Por: Redacción

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE), y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) garantizar la pulcritud y la legalidad de las próximas elecciones del 4 de junio en esa entidad.

Así lo manifestó, luego de que se diera a conocer información periodística que señala que con la consigna de ganar a como dé lugar las elecciones en territorio mexiquense, el equipo de Alfredo del Mazo ya analiza la posibilidad de perpetrar un fraude cibernético; ello además, por la competencia tan cerrada que se espera para esa contienda electoral.

Declaró que ambos organismos tienen el presupuesto y la tecnología para detectar cualquier anomalía en el sistema de cómputo de votos, que pudiera ser objeto de algún ataque cibernético por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como lo señalan algunos medios nacionales.

El diputado federal opinó que ambos institutos electorales tienen como única tarea y propósito garantizar que el voto ciudadano sea respetado y llegue a la gubernatura quien realmente gane más votos, y no quien cometa fraude electoral.

Sostuvo que cualquier duda que dejen en el resultado esos organismos electorales, será una grave irresponsabilidad, pues abonaría al clima de inestabilidad y descontento que prevalece en el país.

Asimismo, llamó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a acelerar sus investigaciones sobre presuntos delitos electorales por la compra de votos y actúe en consecuencia antes de los comicios del próximo 4 de junio.

El legislador perredista comentó que no basta con llamar a que los funcionarios de los gobiernos estatal y federal saquen las manos de la elección para gobernador de esa entidad, sino que se proceda contra quienes resulten responsables de tratar de cooptar el voto ciudadano con dinero u otros enceres como tinacos, despensas o televisiones.

Recordó que de acuerdo con datos de la propia Fepade, en el Estado de México hay 117 carpetas de investigación y 10 averiguaciones previas; del total de carpetas 98 son por alteraciones en el Registro Federal de Electores: tres por compra de votos; tres por recoger credenciales para votar; tres por alterar o destruir documentos públicos; una por condicionamiento de prestaciones de servicio público y siete por favorecer a un candidato con bienes o servicios.

En este sentido, urgió al organismo encargado de perseguir los delitos electorales que sin dilación investigue y castigue a los presuntos responsables, porque sólo así se podrá amarrar las manos de los funcionarios locales y federales, principalmente de dependencias encargadas de los programas sociales.

Reiteró su advertencia sobre posibles brotes de inestabilidad social, si el triunfador de las elecciones en el Estado de México, es resultado de un fraude, ya que de por sí el país vive momentos muy difíciles como para seguir “tentando al diablo” con actos ilegales o tratando de imponer a un mandatario estatal ilegítimo.

“El país no está como para bollos, una elección fraudulenta en el Estado de México podría desatar un descontento generalizado que movilizaría a miles de personas descontentas con la pobreza, la delincuencia y las malas administraciones públicas”, subrayó.