Por: María Manuela de la Rosa Aguilar/

El padre de la política moderna, Nicolás Maquiavelo, postuló el concepto de Razón de Estado, que se refiere a las medidas que debe tomar el gobernante para salvaguardar la salud pública del Estado, el cual, decía, está por encima de todo, por lo que el jefe de Estado está legitimado para hacer todo lo necesario a fin de que de manera eficiente salvaguarde la salud pública en bien de sus habitantes, tocando así el tema con una fría sutileza sin sentimentalismos. El uso de la fuerza legitimado en pro de un bien mayor, que es el bienestar general. Teoría que desde la publicación de El Príncipe en 1513, es la obra cumbre del pensamiento político moderno y base no sólo de la teoría del Estado, sino de la administración pública contemporánea.

De ahí el concepto “maquiavélico” de que el fin justifica los medios, que ha sido estigmatizado no sólo por una mala interpretación descontextualizada, sino también so pretexto para sustentar modelos filosóficos de ideologías muy alejadas de ese momento histórico, pues es justo decir que para Maquiavelo el fin último no era la obtención del poder por el poder a toda costa, sino la unión de Italia en un solo Estado, ya que no olvidemos que en ese entonces la península estaba dividida en múltiples reinos.

Tomás Hobbes defiende la existencia de un Estado fuerte que detente el poder absoluto y que coarte a los gobernados, en aras del bien común, ya que es necesario el poder de coacción del Estado, la “espada de la justicia”, como símbolo de esa potestad legislativa y judicial que le ha sido otorgada en el pacto social (hoy, a través de las urnas), a la cabeza de esa figura mitológica que es El Leviatán (el Estado).

Juan Jacobo Rousseau en su obra El Contrato Social define al Estado legítimo como la forma de organización política que le da un pueblo y que se basa en el principio de soberanía popular, siendo el Estado un todo compuesto y complejo integrado por órganos, que son la suma de fuerzas individuales; por lo que su poder es superior a cualquier individuo e implica una relación de mando y obediencia. El Estado logra conformarse en un marco de equilibrio entre las relaciones de fuerza entre gobernados y gobernantes; pero cuando éste se rompe deriva en el despotismo o la anarquía.

Según la concepción de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el Estado es la concreción del espíritu universal, idea suprema de la razón y extensión del progreso el género humano. Para él el Estado es la síntesis perfecta entre lo privado y lo público. El Estado es la instancia que tiene el poder de someter al amparo de una ley común los conflictos particulares de sus miembros; por lo que cuando surgen los problemas de violencia, se hace evidente la precariedad o la pérdida de la potestad que tiene el Estado del monopolio de la fuerza, siendo esta situación un riesgo para la permanencia del propio Estado, al verse incapaz de mantener el orden y la seguridad de la sociedad.

Los medios extralegales o ilegítimos del uso de la violencia son una insubordinación que no sólo desafía al Estado, sino que puede generar una nueva forma de monopolio de la violencia, situación que atenta directamente contra la paz social.

Max Weber concibe al Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí, el monopolio del uso legítimo de la violencia física; y abunda en que el Estado es una relación de “dominación” de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima. Así, desde esta perspectiva, quien se levanta en armas contra el Estado está cuestionando dicho monopolio para alterar o cambiar drásticamente los términos de dominación.

Así vemos que, a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de buscar un modelo de autoridad con la fuerza disuasiva necesaria, para mantener una convivencia pacífica; por lo cual, las constituciones que dan origen a la formulación de las leyes, establecen esa potestad, en donde se delega tal función, que es acatada por la ciudadanía, para evitar caer en el imperio del más fuerte.

Por otra parte, la Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada y proclamada en la 106 sesión plenaria, del 17 de diciembre de 1979, establece, entre otras cosas, un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya sean policías, militares u otra clase de personal uniformado perteneciente a cualquier fuerza de seguridad del Estado.

Dichos funcionarios deben procurar incluir la prestación de servicios de asistencia a la comunidad que requiera ayuda inmediata, no sólo por causa de actos violetos, sino por otras circunstancias, respetando y protegiendo la dignidad humana, usando la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que se requiera sin exceder los límites; bajo el principio de proporcionalidad; haciendo todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, excepto cuando un delincuente oponga resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas.

El doctor Javier Sepúlveda Amed, de la CNDH, considera que la fuerza pública debe utilizar medios no violentos y sólo cuando estos sean ineficaces puede acudir al uso de la fuerza e incluso armas de fuego, pero dicha fuerza debe usarse con moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana; y en caso de lesionados o heridos, prestar a la brevedad la atención médica, procurando dar aviso a los parientes o amigos de los lesionados.

Está estipulado que las armas se usarán solamente en defensa propia, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves o para detener a una persona que represente un alto riesgo u oponga resistencia, para impedir su fuga.

En el 2006 la CNDH emitió diversas recomendaciones a fin de que se capacite y evalúe periódicamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respecto al uso de la fuerza, con temas sobre servicio pericial, autodefensa, primeros auxilios, técnicas de detención, sometimiento aseguramiento, persuasión, negociación, mediación, comportamiento de multitudes, solución no violenta de conflictos, así como medios técnicos que limiten el empleo de la fuerza.

Asimismo, la CNDH instó a que se proporcione el equipo adecuado de acuerdo a la naturaleza de cada corporación y a las actividades que realice.

La Policía Federal tiene establecido un Protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y su objetivo es proveer parámetros y condiciones mínimas que permitan diferenciar técnicas, tácticas, armas y niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de intervención. Y sus objetivos son os siguientes:

1. Hacer cumplir la ley
2. Promover, respetar, proteger y garantizar los DH
3. Preservar y restablecer el orden y a paz públicos
4. Mantener la vigencia del estado de derecho
5. Proteger los bienes jurídicos tutelados
6. Contrarrestar la resistencia de personas o de un grupo de personas en caso de flagrancia o por andamiento de autoridad competente
7. Prevenir a comisión de hechos delictivos y
8. Proteger la vida e integridad física de las y los integrantes, así como de terceros.

De acuerdo a este manual, los policías federales deben sujetar su actuación a los preceptos de: legalidad, necesidad y proporcionalidad, por lo cual deben ejercer moderación y actuar en proporción a la agresión recibida o la resistencia encontrada y al objetivo legítimo que se busca.

Deben reducir al mínimo los daños y lesiones, así como respetar y proteger la vida humana, así como proceder de modo que se preste asistencia médica lo antes posible a las personas heridas o afectadas

No obstante lo anterior y pese a que el Estado tiene la potestad y el monopolio del uso legítimo de la fuerza, las instituciones encargadas de salvaguardar la vida y bienes de sus integrantes, se ven coartadas y limitadas por normativas que dan por hecho la indefensión de quienes atentan contra el Estado de Derecho, civiles armados pertenecientes a la delincuencia organizada, plenamente identificados, que se han adueñado del espacio público e impuesto su monopolio de uso de la violencia, sin que la autoridad tome la decisión de imponer el orden que dicta la ley.

En México suceden a diario múltiples enfrentamientos, prácticamente en todos los Estados de la República y cada vez con mayor violencia, por parte de grupos criminales que utilizan armas de grueso calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cuyo poder de fuego es capaz incluso de destruir vehículos blindados y derribar aeronaves.

Baste decir que en este año los Estados de mayor criminalidad son:

1º Guanajuato con 1790 asesinatos.
2º Baja California con 1,771.
3º Estado de México con 1,733.
4º Chihuahua con 1,453.
5º Jalisco con 1,407.
6º Guerreo con 1,079.
7º Ciudad de México con 1,003
8º Michoacán con 969.

El pasado 14 de octubre de este 2019, 14 agentes de la policía de Michoacán murieron en una emboscada cuando se dirigían al poblado de Aguililla para cumplir la orden de un juez de lo familiar a fin de auxiliar a una madre y su hija, que trasladarían a Morelia para una diligencia. La emboscada se atribuye a narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que estos mismos sujetos se encargaron de colocar cartulinas con amenazas a sus rivales Los Templarios, Los Viagras, Los Troyanos y Los Chocomiles, que operan en la región de tierra caliente.

El 2 de octubre sobre la carretera de Apatzingán-Aguililla se registraron una serie de enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia que. También prendieron fuego a un autobús de pasajeros y dos camiones.

Cabe mencionar que Aguililla es el lugar de nacimiento de Nemesio Osegueda Cervantes, alias El Mencho, líder prófugo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este lugar también sirvió como guarida del líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, preso desde el 2015.

Aguililla es el lugar de disputa entre el CJNG y grupos delictivos antagónicos como Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Los Troyanos y Los Chocomiles; y representa una pieza fundamental para las actividades delictivas de estos grupos, por ser la vía para llegar a Lázaro Cárdenas, el puerto más importante del Pacífico, por lo que en esta zona han sido constantes los enfrentamientos. Y este municipio de Tierra Caliente también registra grupos de autodefensa, de los que se ignora cuáles son sus fuentes de financiamiento.

Respecto a esta emboscada en Aguililla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que: “yo creo que fue una circunstancia que se da como se dan todos los eventos en el país todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país.”

Declaración honestamente lamentable, viniendo de una autoridad jurisprudencial del más alto nivel, porque no sólo soslaya las facultades y obligaciones del Estado Mexicano ante estos hechos, sino que los acepta con una inaudita osadía, dando por hecho que todos los cárteles y grupos de la delincuencia organizada pueden actuar con toda la impunidad y sin que el Estado manifieste ningún rubor en aceptar su apática indiferencia; lo cual tácitamente es confirmar la ruptura del mismo bajo el imperio del más fuerte, en este caso los delincuentes, a quienes por cierto el primer mandatario de la nación, en quien el pueblo ha delegado su poder soberano, ha dado instrucciones a todas las corporaciones de que no se ejerza ninguna violencia contra dichos criminales.

Y para reafirmar esto, el jueves 17 de octubre, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, toda la ciudad fue presa del pánico por la ola de violencia que esta detención generó, para rescatar al detenido. Los grupos armados del cártel de Sinaloa realizaron más de 15 bloqueos a las principales vías de comunicación, utilizando para ello armas de grueso calibre como Barrett M82 y vehículos blindados, aterrorizando a la población, que se resguardó como pudo durante tiroteos generalizados durante varias horas. Hicieron quema de vehículos y atacaron a todas las fuerzas de seguridad, incluidos policías y militares. Y esta violencia se extendió a varias ciudades del Estado, violencia nunca antes vista con esa magnitud. Durante estos hechos murieron más de 30 individuos y otros tantos lograron fugarse de la prisión de Aguarato, uniéndose a los narcotraficantes.

Ante estos hechos, que comenzaron alrededor de las tres de la tarde, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, luego de más de 5 horas de balaceras, se trasladó a Culiacán, junto con el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, El Comandante de la Guardia Nacional (que aún no acaba de conformarse), y el Director del Centro Nacional de Inteligencia, para “conducir personalmente las acciones correspondientes”

Y finalmente el Secretario de Seguridad y Protección ciudadana únicamente se presentó acompañado de los funcionarios mencionados, para leer un comunicado en el que sólo menciona vagamente que se dejó en libertad al hijo de El Chapo “con el propósito de salvaguardar la integridad y tranquilidad de la sociedad”

Y lo que es de llamar la atención es que en su escueto comunicado señala que se trasladaron a Culiacán para conducir personalmente las acciones, habiendo dicho antes que decidieron suspender las acciones. Aquí existe un grave problema de comunicación.

Funcionarios del gabinete de seguridad, militares de carrera con la experiencia de toda una vida y una preparación fuera de duda, bajo el mando de un civil, cuyo rostro traduce una conmovedora impotencia ante la impericia e inexperiencia para manejar una crisis de esta magnitud, no hace más que reafirmar lo ya expresado por la secretaria de Gobernación y la sujeción a la orden inmutable del ejecutivo, que por su parte, contrario a su costumbre, soslayó dar una explicación sobre lo sucedido.

Un gobierno está obligado en primer lugar a proporcionar seguridad a los ciudadanos y generar las condiciones para que la sociedad se desarrolle en un clima de paz, armonía y con certidumbre jurídica. Función primordial del Estado: la seguridad, para eso tiene el monopolio de la fuerza. Que hoy en México no se ejerce, favoreciendo inexplicable y abiertamente al crimen.