Por: Redacción.

El trabajo y la explotación infantil, en cualquiera de sus formas, constituye una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes y una manifestación de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social imperante en México, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de señalar que actualmente trabajan en el país unos 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años (un 8.6 por ciento de la población total de esa edad), la Comisión aseguró que los esfuerzos por erradicar esta práctica han sido insuficientes.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revela la CNDH, los estados que registran mayor porcentaje de trabajo infantil son: Guerrero (14), Oaxaca (11.7) y Chiapas (11), cuyas actividades se concentran básicamente en la agricultura.

En este sector la OIT reconoció que los adelantos hacia la eliminación del trabajo infantil han sido complicados, debido a la dificultad de llegar a las niñas y niños que trabajan en zonas rurales.

En un pronunciamiento con motivo del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el organismo nacional recordó que, de acuerdo con información del INEGI, en 2013 los sectores en donde más trabajaron los menores son: agropecuario, comercial, servicios, manufacturas, construcción y otros no especificados.

También reportó que la gran mayoría percibía ingresos inferiores a dos salarios mínimos, mientras que un 20 por ciento no recibía salario.

En razón al género, los niños superaban en número a las niñas en todos los sectores, con excepción del trabajo en el hogar, actividad que es considerada por la OIT una de las peores formas de trabajo infantil, pues genera múltiples violaciones a sus derechos, tales como el alejamiento del entorno familiar, deserción escolar, jornadas excesivas, así como la exposición a riesgos de salud y accidentes.

Los niños, niñas y adolescentes “no eligen trabajar si no que para muchas familias, su incorporación al mercado laboral representa una fuente de ingresos más para asegurar su supervivencia, o bien una actividad culturalmente aceptada como modus vivendiante las dificultades para acceder a la educación y otras oportunidades de desarrollo individual y comunitario”, dijo el organismo nacional en un comunicado.