Por: María Manuela de la Rosa Aguilar/

El lunes 21 de octubre del 2019, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero,  anunció que se investigaría y castigaría a los responsables del operativo fallido del 17 de octubre en Culiacán, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo,  soslayando sorpresivamente el decir que se investigaría y castigaría a los integrantes del cártel de Sinaloa, quienes  prácticamente tomaron por asalto la ciudad con armas de grueso calibre, quemando unidades oficiales y particulares; omitiendo mencionar también a los delincuentes que se fugaron de la cárcel y sus cómplices. Delitos evidentes que no mencionó, no sólo contra la seguridad interior, sino contra la Ley Federal de Armas de Fuego, así como por el daño a la propiedad del Estado, la Federal y a la propiedad particular, etc… Inaudito.

Respecto a estos hechos, el periodista Jorge Fernández Menéndez, no sin razón, se pregunta si lo que se ha dicho en torno a lo  sucedido en Culiacán fue un error o una suma de mentiras: se habla de un patrullaje casual por parte de 30 elementos militares, cuando se supo que fue un operativo planeado con  mucha antelación para detener a un importante capo con solicitud  de extradición hacia los Estados Unidos.

Ovidio estuvo detenido unas 4 horas, en las que se le hicieron todas las pruebas antropomórficas, para determinar su identidad, en tanto que según información del New York Times, en una marisquería fue detenido su medio hermano Archivaldo Guzmán, que también fue liberado.

Durante los sucesos de Culiacán se hizo patente de manera descarada el poder y capacidad de reacción y el armamento con que cuenta el cártel de Sinaloa. Así que la pregunta es inevitable: ¿y a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos?; y, ¿El Estado de Derecho? ¿no son estos hechos por sí delito flagrante? ¿Donde está la fuerza del Estado?

La explicación del ejecutivo de no actuar para evitar una masacre resulta inverosímil, dado que existe la capacidad operativa, personal altamente preparado para intervenciones y la suficiente fuerza para hacerlo, porque en otras ocasiones así se ha hecho, incluso sin disparar una bala. Soltar a dos peligrosos delincuentes en aras del bienestar de la gente más bien resulta todo lo contrario, con ellos libres la población es más vulnerable. ¿No es el Estado el que debería proporcionar esa seguridad y no dejarlo a la buena voluntad de los grupos criminales? 

Y lo más grave es que el cártel de Sinaloa mostró que ya estaba preparado y sabía cómo actuar en caso de una emergencia. Prueba de ello es que en cuestión de minutos   distintos comandos bloquearon vialidades, quemaron vehículos, retuvieron a militares, se apostaron frente a una unidad habitacional militar y amedrentaron al gobierno enviando videos y mensajes por radio. Incluso se dieron el lujo de emitir comunicados a los medios y una conferencia de prensa, en donde lo relevante es el agradecimiento sentido al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber liberado a sus líderes.

En dichos eventos hubo 14 personas heridas, entre ellos 4 civiles; se registraron 19 bloqueos por parte de ese grupo delictivo, que hizo alarde de su armamento, como la ametralladora Browning M2, conocida como la madre de todas las ametralladoras por la fama que tiene de su efectividad y poder de fuego, alcanzando  hasta 1,800 metros y puede disparar 550 proyectiles por minuto.

El mismo día que ocurría lo de Culiacán, el sexto tribunal unitario de Estado de México ordenó volver a detener a los siete militares que participaron en el caso Tlatlaya en junio del 2014, los cuales ya habían sido absueltos por falta de pruebas, ya que la acusación no estaba sustentada en pruebas, sino en dichos provenientes de una prostituta parte del grupo criminal, que acusó a personal militar luego de tres meses en que fueron abatidos 22  sicarios de esa organización delictiva dedicada al narcotráfico y al secuestro, que se encontraban en un prolongado festejo con alcohol y drogas, cuando fueron sorprendidos por la patrulla militar, a la que hicieron frente con 16 armas largas AK-47, fusiles AR-15 y 25 armas cortas, granadas y 112 cargadores.

Y ahora resulta que los militares después de 5 años, son acusados de ejercicio indebido del servicio público. Así que no basta la flagrancia en delitos de la más extrema gravedad cometidos por peligrosos delincuentes que ponen en peligro a la sociedad entera; lo importante son las formas en la administración de la justicia, por lo que no sólo los militares, sino los policías, que están al servicio de la paz pública, son sujetos al más escrupuloso escrutinio, sea relevante o no, para acusarlos y sentenciarlos, sin importar que las acusaciones sean verdaderamente fundadas y motivadas, incluso falsas, dando más crédito a probados delincuentes, a quienes la justicia protege a ultranza.

El martes 22 de octubre en las calles de Peralvillo y Tepito, de la alcaldía Cuauhtémoc, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fueron detenidos 31 integrantes de la organización delictiva la Unión de Tepito, a quienes les decomisaron 8 toneladas de droga, 13 armas cortas, 7 armas largas, 1 lanzagranadas y 5 granadas. También descubrieron túneles que conectaban con las vecindades del barrio bravo. ¿Más clara responsabilidad de los detenidos?

Y resulta que después de un impecable operativo que arrojó resultados tan impactantes, que no dan lugar a dudas, un juez libera a los delincuentes por determinar que hubo “irregularidades” en el procedimiento. Increíble, irreal y ofensivo para un país que está sufriendo la peor de sus crisis de seguridad en las últimas décadas.

Casualmente, el mismo juez  (familiar de una importante integrante del partido en el poder), que es conocido por dejar libres a peligrosos narcotraficantes, fue severamente inflexible para dejar en libertad a una política de oposición, que años antes salió de las filas del partido, cuando todavía no se acredita con toda claridad su responsabilidad en los delitos que se le imputan, por considerar que hay un alto riesgo de que se de a la fuga.  Una mujer mayor que difícilmente podría portar un arma, es considerada de alta peligrosidad, en tanto que narcotraficantes verdaderamente violentos son liberados sin mayor trámite.

Sólo dos hechos, de tantos, que hacen pensar que sin duda alguna este es un mundo al revés.