Por: Redacción/

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) denunciaron que el Gobierno mexicano no ha cumplido con las ordenes del Poder Judicial en favor de salud de la población migrante durante la contingencia sanitaria.

Asimismo, manifestaron que las autoridades mexicanas han simulado el cumplimiento de estas ordenes, a través de deportaciones masivas sin el debido proceso, liberando a la población migrante y dejándola en la intemperie y siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde Estados Unidos.

Entre abril y mayo, distintas OSCs del norte, centro y sur del país promovieron nueve amparos a favor de la salud de la población migrante y solicitantes de asilo del país.

Los amparos promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo Leon al Consejo Nacional de Salubridad, al Ejecutivo Federal, al INAMI, SSa, Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Relaciones Exteriores tomar medidas para garantizar a esta población acceso a la salud, estancia regular, vivienda digna, suspensión de detenciones migratorias y la libertad de las personas detenidas en estaciones migratorias.

Hasta el momento, se han resuelto seis amparos en favor de la población migrantes, sin embargo, las acciones del Gobierno mexicano pone en riesgo la salud de este grupo de personas.

Sobre la resolución de la Ciudad de México, las OSCs aseguraron que las autoridades capitalinas no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan información que acredite el cumplimiento de la orden judicial.

Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades responsables de la política migratoria al cumplimiento urgente y estricto de las ordenes dictadas por jueces federales. También, exhortaron al Poder Judicial la notificación de sus resoluciones en forma expedita.

Por último, destacaron que las instituciones gubernamentales que protegen y garantizan los derechos de las personas detenidas funcionar efectivamente, por lo que el acceso a la justicia y derechos deben ser una actividad prioritaria.