Por: Redacción/

El Estado mexicano ha renunciado a su obligación de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes al reducir, en lugar de aumentar, el presupuesto federal para los Centros de Asistencia Social (CAS), denunció el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rafael Hernández Soriano, quien pidió a la Secretaría de Salud iniciar acciones que reviertan esta anomalía.

El abandono de la responsabilidad del Estado mexicano ha propiciado la falta de control sobre casas hogar y asociaciones en manos de particulares, en donde se han registrado delitos como casos de abuso sexual, maltrato físico y trata de personas, indicó.

El diputado federal del PRD envió una petición vía oficio al Secretario de Salud, José Narro Robles, en el que le plantea que ante la problemática que aqueja a los CAS “instruya la atención, previsión y seguimiento a la creación y adecuado funcionamiento de los CAS a nivel nacional. Tomando en cuenta la elaboración y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018”.

Explicó que el presupuesto federal para los CAS pasó de 2013 de 47 millones 816 mil 278 pesos a 22 millones 842 mil 216 pesos en 2017.

Los CAS, indicó, son la inmediata respuesta que brinda albergues a una población que sólo el último año fue de 28,303 infantes y adolescentes por mes a nivel nacional.

De acuerdo con cifras de la Consulta Nacional de Centros de Atención Social de Niñas, Niños y Adolescentes Públicos y Privados 2017, el número de CAS identificados por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es de 159 públicos, 507 privados y 357 que pertenecen a asociaciones, informó.

Es decir, que para brindar atención a una población promedio de 339 mil 636 menores, sólo se cuenta con mil 23 CAS, de los cuales únicamente 159 están a cargo del Estado, agregó.

“Niñas, niños y adolescentes no sólo tienen derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino también derecho a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación”, afirmó.

Hernández Soriano dijo que con base en los informes oficiales recientes sobre estos Centros “se constató la evidente disminución en los montos asignados para su operación a la par de la conclusión del sexenio; ya ni siguiera se consideró una partida para la creación de mayor número de CAS” para atender el estado de indefensión de la niñez.

Esta situación es “alarmante si se considera que además de no estar cumpliendo con el mando constitucional de velar por el interés superior de la niñez, se está delegando la función de protección del Estado a personas ajenas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, abundó.

Consecuencia de ello, añadió, se han generado casos en donde los derechos de la niñez han sido vulnerados, como los registrados en la Casa Hogar La Gran Familia, a cargo de Rosa del Carmen Verduzco, también conocida como Mamá Rosa, en Michoacán, donde se generaron 150 denuncias por abuso sexual, golpes y hasta trata contra infantes.

Otro caso del cual apenas se comienzan a conocer las dimensiones es el de la Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato, dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, donde a pesar de las denuncias presentadas en la Procuraduría estatal sobre maltrato físico, verbal y abuso sexual, aún se le permite operar.

De igual forma está la Casa Hogar Domingo Savio, en el estado de Puebla, en donde autoridades rescataron a 33 niños y 10 jóvenes que eran víctimas de abuso sexual de parte del director, el sacerdote Tomás Armando Durán Martínez, quien a su vez tenía orden de aprehensión en Yucatán por corrupción de menores y violación equiparada.

Por lo anterior, el secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez pidió a José Narro impulsar desde la Secretaría de Salud acciones encaminadas a revertir esta situación de abandono hacia la niñez.