Por: Redacción/

Con 51 votos a favor, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó esta noche el dictamen por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la capital, misma que establecerá un modelo de combate a la corrupción institucional, atención centrada en derechos humanos de las personas, resultados en delitos complejos, mejora en infraestructura y capacitación de personal.

Asimismo, la nueva legislación prevé la diversificación de canales de recepción de denuncias, querellas y reducción de tiempos de atención; además del despliegue territorial estratégico, segmentación de casos, impulso de la justicia restaurativa para atender delitos de bajo impacto, así como la profesionalización de la gestión institucional y control interno.

El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), dijo en tribuna que el Congreso de la Ciudad otorga la Ley de la Fiscalía como resultado de un proceso de un año, en el que se diseñó y estableció un diseño de modelo de procuración de justicia, por lo que “podemos decir que la ciudad hace una aportación importante en la creación de un modelo en la materia”, dijo el legislador.

También agradeció a las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad y Prácticas Parlamentarias, que trabajaron en la creación de este nuevo modelo de procuración de justicia que contará con unidades administrativas de vanguardia, como son:

Atención Temprana; Investigación con Detenido; Investigación de Delitos de Personas Servidoras Públicas; Análisis Criminal; Análisis Estratégico y de Contexto; Análisis y Contexto de Delitos de Género; Análisis Criminalístico, Criminógeno y Criminológico; Protección y Atención a Víctimas; Investigación de Violencia Familiar; Investigación y Litigación; Unidad de Acusación y Judicialización; Unidad de Gestión Administrativa para Casos de Orientación Jurídica que no Constituya Delito; Criminalística de Proximidad, de Responsabilidad Penal de las Empresas; así como de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

De igual manera, se estableció un principio básico del Plan de Política Criminal con el cual la Fiscalía contará para el desarrollo de sus funciones como plan de política criminal anual, mismo que será fundamental para la planeación de la política y contendrá el diagnóstico de criminalidad, mapeo, análisis y estrategia de los fenómenos que perseguirá, divididos en criminalidad común y compleja, y emergente.

“Todo lo anterior, con base en el análisis del alto impacto social, el riesgo de vulnerabilidad de víctimas, las violaciones graves de derechos humanos y los delitos por hechos de corrupción, así como la calidad del trabajo del Ministerio Público”, añadió el legislador Santillán Pérez.

Aprueban modificaciones a la Ley del Poder Judicial de la CDMX

Por otra parte, con 61 votos a favor el Congreso aprobó otro dictamen de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Normatividad y Prácticas Parlamentarias por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para establecer en el artículo 52, fracción VII, tres nuevos párrafos en donde se especifica que los tribunales unitarios en el Sistema Penal Acusatorio resolverán de manera colegiada cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas derivadas de procedimientos ordinarios dictadas en procesos instruidos por delitos graves en los que se imponga pena de prisión mayor a cinco años, en todos los demás casos, las resoluciones se dictarán de forma unitaria conforme al turno correspondiente.

El dictamen fue remitido a la Jefa de Gobierno de la capital para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX.

Rinden protesta miembros del Consejo de la Judicatura

Finalmente, los diputados también aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designó a Susana Bátiz Zavala y Ricardo Amezcua Galán, como consejera y consejero del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México por un periodo de seis años, a parir del 1º de enero de 2020.

Ambas personas rindieron protesta de ley ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y se comunicó el decreto a la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial y presidente del Consejo de la Judicatura, magistrado Rafael Guerra Álvarez.