Por: Redacción/

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), vicepresidenta de la Mesa Directiva, llamó al Gobierno Federal a diseñar políticas públicas basadas en datos reales de la economía, al tiempo que aseveró que “es preocupante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presente un Programa Sectorial 2020-2024, sin un plan de emergencia que atienda la crisis económica y laboral que vivimos con pérdida de empleos y de ingresos”.

En un comunicado, sostuvo que la publicación del Programa, el pasado 24 de junio, “se hizo fuera del plazo legal, que venció el 12 de enero del 2020, y sin actualizar el diagnóstico, las estrategias y las metas, porque no se tomaron en cuenta los datos oficiales, que indican que hasta el primer trimestre se registró a más de 10 millones de personas sin ingresos para adquirir lo básico”.

La legisladora priista llamó a la STPS a ajustar la estrategia, “para tomar en cuenta el desproporcionado incremento de la pobreza laboral y la pérdida de empleos producida por la pandemia de Covid-19; y elaborar un programa especial emergente para recuperar el empleo con la colaboración de las organizaciones representativas de obreros, campesinos, pueblos, grupos populares, instituciones académicas, profesionales, de investigación y organismos empresariales.

Señaló que la recuperación del empleo, los ingresos y el bienestar de las familias son la base de apoyo de la estrategia nacional de seguridad y pacificación del país.

Refirió que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el impacto general de la emergencia sanitaria y el confinamiento, en el segundo trimestre de este año, revirtieron el aumento al salario mínimo y los avances para reducir la pobreza laboral de la última década. Destaca que no sólo ha disminuido el número de personas con un trabajo, sino también las remuneraciones de quienes lo conservan.

Apuntó que el informe describe que antes de la pandemia tres de cada 10 trabajadores se encontraban en pobreza laboral, es decir, a pesar de que tenía un empleo o actividad económica, sus ingresos no alcanzaban para comprar lo básico para su subsistencia; entre abril y mayo esta proporción subió a cinco de cada 10 trabajadores, un aumento de 20 puntos porcentuales.

“La caída continúa; entre abril y mayo de 2020, la pobreza laboral se elevó a su nivel máximo histórico; la población trabajadora que no le alcanzaba para comprar una canasta básica llegó a 54.9%, y por sectores, las mujeres son las más afectadas por la crisis”, dijo la legisladora por Yucatán.

Respecto a la tasa de la informalidad se ubicó en 56.8%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2019, lo que implica que 57 de cada 100 mexicanos se encuentra laboralmente vulnerable, por la condición irregular de la unidad en la que trabaja o de su relación de trabajo en ella. La mayoría de los trabajadores informales no cuentan con contratos, seguridad social, aguinaldo o vacaciones.

Sauri Riancho consideró que “las cifras deben ubicar al Gobierno Federal en la realidad que vivimos y le ayuden a rectificar errores en la elaboración de las políticas públicas”.

Indicó que “mientras la STPS reconoce en su Programa Sectorial un 19% de población trabajadora en condiciones críticas de ocupación, el Coneval demuestra que son casi el 55% de los trabajadores, los que cuentan con un empleo, pero con ingresos precarios”.