• Regulación por la Paz exigió a los legisladores eliminar la figura de posesión simple para garantizar la despenalización de la cannabis. Asimismo, solicitó eliminar las multas desproporcionadas contra conductas que no afectan a terceras personas.

Por: Oscar Nogueda/

El colectivo Regulación por la Paz indicó que el dictamen oficial de regulación de la cannabis mantiene un criminalización administrativa y penal contra las personas usuarias de la mariguana.

“En los últimos días, ha circulado un documento similar al dictamen que se votó en lo general, aunque con modificaciones. Este proyecto de reforma sigue sin tomar en consideración las voces de las y los legisladores que han presentado reservas, ni mucho menos, las propuestas de sociedad civil”, declaró el Colectivo.

En ese sentido, manifestó que el dictamen impone multas excesivas a personas usuarias, mantiene la figura de posesión simple de cannabis, así como exige varios requisitos para el consumo y cultivo con fines particulares.

Aunado a ello, el proyecto establece un monto de 40 por ciento a las licencias otorgadas a comunidades indígenas y campesinas afectadas para el cultivo de cannabis. En ese sentido, el Colectivo sentenció que es necesario aumentar a un 80 por ciento este tipo de licencias para ampliar el enfoque social de este dictamen de regulación.

Ante esta situación, Regulación por la Paz exigió a los legisladores eliminar la figura de posesión simple para garantizar la despenalización de la cannabis. Asimismo, solicitó eliminar las multas desproporcionadas contra conductas que no afectan a terceras personas.

Al mismo tiempo, exhortó a los legisladores homologar los espacios de consumo de cannabis a la Ley del Tabaco y eliminar los permisos de consumo y autocultivo.

“La regulación de cannabis continúa siendo un tema urgente y prioritario para México, considerando las numerosas violaciones a derechos humanos que han resultado de la criminalización y represión hacia todas las actividades relacionadas con esta planta. Para ello, debemos asegurarnos que la legislación propuesta considere los derechos de las personas usuarias”, finalizó el Colectivo.