Por: Melisa Carrillo/

Miembros de diversas organizaciones migratorias y de la defensa de los derechos humanos, denunciaron la simulación del estado de derecho que realiza el gobierno mexicano en materia de migración, ya que mientras mantiene un discurso de apoyo a los migrantes y una critica a las acciones migratorias de los Estados Unidos, efectúa un sistema enfocado en la detección, detención y deportación de migrantes que ingresan al país.

Durante la presentación pública del informe final de la Misión de monitoreo de estaciones  migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (CCINM), resaltaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios, la falta de información sobre sus derechos que sufren los detenidos, así como la disuasión de la que son objeto para abandonar sus esperanzas de permanecer en el país.

El propósito del monitoreo era conocer las situaciones y condiciones en que se encuentran los centros de detención, y las situaciones en las que se realizan las detenciones.

Durante el proceso se visitaron 17 estaciones migratorias en cuatro zonas: sur, centro, noreste y sureste, en las cuales se realizaron 122 cuestionarios, 87 generales y 35 entrevistas psicosociales.

En en evento se resaltó que durante el monitoreo se tuvo acceso a la base de datos del INM y a los expedientes de los detenidos.

El consejero Diego Loreta, alertó sobre la práctica sistemática de inhibición de la libertad, en la que los migrantes que se presentan en un centro de migración son retenidos por tiempos prolongados, y deportados a su país de origen.

El informe descubrió que en los procesos de detención existen numerosas irregularidades, la falta de asistencia legal, así como la criminalización de los abogados que asistían a los detenidos.

En cuanto a los servicios de salud, se encontró desabastecimiento de medicamentos e insuficiente personal médico.

La mayoría de las personas que ingresaron a los centros de migración se enfermaron debido a las condiciones de estos recintos, y todas las personas que permanecían en estos lugares, presentaron algún grado de ansiedad.

El representante de la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gian Janjarab, resaltó que las acciones del centro están enfocados en la detección de migrantes, su detención automática y deportación.

Janjarab también denunció la existencia de casos en los que se ha deportado incluso a ciudadanos mexicanos, y la falta de acceso a los centros, ya que ni las organizaciones, ni los familiares de los detenidos tienen la posibilidad de llegar a ellos.

Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras IAP, comentó que el informe confirma las denuncias que han presentado las organizaciones de protección a migrantes, y que las condiciones y situaciones en las que se encuentran las personas detenidas son las mismas que se presentan informe tras informe.

Pérez García reconoció que el país cruza por una situación grave de violación de los derechos humanos, por lo que se requiere que todas las instituciones del gobierno, y las organizaciones que tengan un papel en la protección y garantía de los derechos de este sector, se involucren en la resolución de estos problemas.

Los consejeros emitieron una serie de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración para la creación de mejores planes y acciones, como proponer acciones alternas a la deportación de migrantes, mejorar las condiciones de los centros de migración, y garantizar la protección y la digna atención de los detenidos en todo momento.