Por: Redacción

Como es evidente el impacto negativo sobre la economía por el encarecimiento y abasto incierto de gas, gasolina, diésel y electricidad, los diputados Cristina García y Omar Ortega demandaron que los administradores de PEMEX, CFE, la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y CENEGAS informen qué hacen y para qué sirven, pues la población ya reciente en el poder adquisitivo su ineptitud.

Argumentaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció diversas irregularidades, omisiones y deficiencias en la conducción de esos organismos, lo que a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se reflejó en junio pasado en la inflación anual más alta de una década a la fecha.

De acuerdo con este organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se elevó 6.31 por ciento de junio de 2016 a junio de 2017, dos y media veces más que en igual periodo comprendido entre junio de 2015 y junio de 2016.

Sin embargo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas se dispararon en el último año 12.86 por ciento y específicamente los de energéticos lo hicieron en 15.2 por ciento, es decir, más del doble que la inflación registrada hasta junio pasado.

García Bravo y Ortega Álvarez resaltaron que a la par de estos golpes a la economía popular, la ASF reveló diversas deficiencias, omisiones y yerros de la SENER, la CRE, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS).

De acuerdo con el órgano fiscalizador –dijeron los parlamentarios perredistas-, SENER y CRE avanzaron en diseñar e implementar diversas medidas para regular y supervisar todo lo relativo a producción, importación y suministro de gasolina y diésel, así como para abrir este sector a la participación privada para beneficiar a la ciudadanía.

No obstante, se les “olvidó” establecer estrategias programáticas y procedimentales, así como mecanismos para sancionar a los privados en casos de incumplimiento, con lo que pusieron en riesgo el suministro continuo y confiable de esos combustibles.

Por lo que respecta a PEMEX, también se les olvidó, lo mismo que a directivos de esta empresa, establecer sistemas de control para transporte, almacenamiento y comercialización, lo que sumado a las pérdidas por tomas clandestinas, también dejan en incertidumbre el abasto y diversas actividades económicas.

Respecto CENEGAS, la ASF detectó en sus auditorías de 2016 deficiencias, debilidades y falta de resultados porque este organismo careció de manuales organizacionales, específicos y de procedimientos, y además hizo pagos en exceso y no autorizados a PEMEX.

La CFE, por su parte, promovió en su propaganda el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, pero esto no se tradujo en ahorros reales de energía ni contribuyó a generar valor económico y rentabilidad en beneficio de la población y el desarrollo nacional a la población.

Ortega Álvarez y García Bravo llamaron la atención del Congreso de la Unión sobre este incumplimiento de objetivos de la reforma energética, uno de los cuales supuestamente era garantizar el abasto de energéticos baratos y de calidad.

A través de una proposición de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidieron exhortar a los directores o administradores de esas dependencias informar qué harán para que los energéticos ya no se encarezcan y realmente coadyuven al control de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo.