Por: Redacción/ 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, a lo largo de los últimos tres años, ha dado un estrecho seguimiento a cada una de las carpetas de investigación iniciadas, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, luego de que se detectaran deficiencias estructurales en algunos desarrollos inmobiliarios, o incluso actos de prevaricación o uso ilegal de atribuciones y facultades, posiblemente cometidos por servidores públicos.

Derivado de dichas fallas, el representante social ha señalado ante jueces de control que diversos proyectos inmobiliarios se encontraban fuera de las disposiciones establecidas en la Ley de Desarrollo Urbano, lucro indebido de empresarios o falta de deberes del cargo de servidores públicos (prevaricato), por lo que se perdieron vidas humanas y se registraron considerables afectaciones económicas.

Como resultado de dichos actos de investigación, se han logrado seis vinculaciones a proceso, una de ellas ya con fallo condenatorio; se han girado diferentes órdenes de aprehensión y se encuentran sujetas a investigación diversas personas.

En el caso del derrumbe de un colegio privado en la entonces delegación Tlalpan, que costó la vida de 19 menores y siete adultos, la Subprocuraduría de Proceso solicitó y obtuvo una orden de aprehensión que se cumplimentó en contra de la propietaria del inmueble y conforme a la debida integración de la indagatoria, se le vinculó a proceso; posteriormente se logró que un tribunal de enjuiciamiento emitiera fallo condenatorio en su contra.

En este mismo caso aún se investigan a diversos funcionarios de la Dirección Jurídica de la entonces Delegación Tlalpan, a quienes se les responsabiliza de posibles omisiones en sus respectivas funciones dentro del Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano.

Asimismo, en este caso otro hombre posiblemente involucrado está a la espera que se reasigne fecha de audiencia de vinculación a proceso, y uno más está a la espera de que el Ministerio Público formule acusación en su contra, una vez cumplido el plazo de la investigación complementaria mismo que se extendió a consecuencia de la emergencia sanitaria.

En ese mismo asunto, el Sistema de Atención a Víctimas ha atendido 26 familias y ha generado 76 dictámenes periciales en psicología, 62 dictámenes médicos, 26 dictámenes antropológicos y mismo número de proyectos de reparación integral.

Además, se encuentra en integración una carpeta de investigación en contra de dos servidores públicos, por la probable comisión de los delitos de negación del servicio público y prevaricación, respectivamente, a fin de formular ante un juez de control la imputación correspondiente.

En el caso del colapso de un edificio en el que murieron dos personas, en la alcaldía Benito Juárez, una persona fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de homicidio doloso diversos dos y responsabilidad de Director Responsable de Obras, luego de que el Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Territorial, logró acreditar que la manifestación de obra y planos arquitectónicos del edificio de referencia, no se ajustaron a la construcción, motivo que posiblemente originó que el inmueble colapsara.

Durante posteriores audiencias se han solicitado prórrogas para el cierre del plazo de las investigaciones complementarias; una vez concluido el plazo de la investigación complementaria se remitirá a Estrategias Procesales del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Por este mismo asunto, un juez de control, a solicitud del Ministerio Público, giró órdenes de aprehensión contra dos personas, por su probable participación en el delito de fraude genérico, al posiblemente vender departamentos con conocimiento de su mala construcción.

En otro caso, cuatro hombres fueron vinculados a proceso, por su probable participación en la comisión del delito de fraude, toda vez que en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, adscrito a la Subprocuraduría de Procesos, se asentó que posiblemente edificaron en la Avenida de los Insurgentes Norte, un inmueble con deficiencias estructurales y fuera de la normatividad, lo que perjudicó a 165 víctimas y al Gobierno de la Ciudad de México.

En otra investigación, el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra cuatro personas, por su probable participación en el delito de fraude genérico, luego de que el sismo produjo daños materiales a un inmueble, debido a que posiblemente fue construido con deficiencias con respecto al material empleado, por lo que la empresa constructora causó un detrimento patrimonial en perjuicio de decenas de 91 propietarios de condominios.

Por otra parte, la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, adscrita a la Coordinación General de Investigación Estratégica, ha dado puntual seguimiento a la indagatoria, en proceso de judicialización, en contra una persona, toda vez que condóminos de un edificio afectado han manifestado su descontento por las labores emprendidas para la reconstrucción del predio que habitaban.