• El Consejo subrayó la necesidad de revisar la implementación de la ley vigente, así como iniciar una discusión sobre una reforma integral de verdad y justicia que atienda las casusas estructurales de la impunidad en el país.

Por: Oscar Nogueda/

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas solicitó a la Cámara de Diputados la implementación de un parlamento abierto para discutir la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Para cumplir con un verdadero parlamento abierto, solicitamos participar en su planeación y ejecución como Consejo Nacional Ciudadano del SNBP para que , de manera conjunta con ustedes, podamos organizar y realizar el parlamento abierto para la discusión de forma y fondo sobre la necesidad o no de emitir una nueva Ley Orgánica de la FGR. Y, en su caso, discutir su contenido, garantizando  la participación y escucha de todas las voces”, indicó el Consejo.

En ese sentido, apuntó que el ejercicio de parlamento abierto debe materializar la democracia participativa  y la interacción entre la sociedad y el Poder legislativo. Además, subrayó que la incidencia de la sociedad enriquece los dictámenes, ya que “son escritas con las voces de quienes son destinatarios de las normas”.

Asimismo, subrayó la necesidad de revisar la implementación de la ley vigente, así como iniciar una discusión sobre una reforma integral de verdad y justicia que atienda las casusas estructurales de la impunidad en el país.

Sobre el proceso legislativo llevado a cabo en el Senado de la República, el Consejo Ciudadano externó que la aprobación de esta iniciativa de ley fue unilateral, además de que se simuló un mecanismo de participación ciudadana.

“Se simularon mecanismos de participación social, para intentar legitimar una propuestas ley  cuyo contenido se construyó con la exclusiva voz, óptica y participación de la FGR, sin instrumentar las herramientas de democracia participativa que tanto enarbola el poder legislativo”, apuntó el Consejo.

Por ello, sostuvieron que el Senado obstaculizó el proceso de parlamento abierto, por lo que negó el derecho de la sociedad mexicana a participar en el proceso legislativo. En ese sentido, el Consejo refirió que una consecuencia de esta situación fue la eliminación de los derechos de las víctimas  y el derecho de las personas a ser buscadas.

“El proyecto aprobado recientemente extinguen los derechos de las víctimas, el derecho a las personas a ser buscadas, la obligación de la Fiscalía a participar en la búsqueda de personas según el Protocolo Homologado de Búsqueda, entre otros temas que significan un regreso al pasado, por lo que se considera un proyecto retrógrada”, finalizó el Consejo.