Por: Rene Ortiz
La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, compareció el día de hoy en el Senado de la República por parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno. En dicha comparecencia, la procuradora señaló el compromiso que tuvo desde el primer día con la ciudadanía de entregar una Procuraduría transformada, con unidades especializadas en la que la labor profesional de inteligencia y generación de información den certeza a las investigaciones.
Para ello, la Procuradora trazó un plan de trabajo en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz, respeto y protección de los Derechos Humanos, implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Transparencia y rendición de cuenta.
En cuanto a la procuración de justicia eficaz, dijo que diferentes órdenes de gobierno trabajan con un mismo fin: el fortalecimiento del sistema de este ámbito en el país.
Dijo que se han logrado avances sustanciales para hacer frente a la delincuencia, mediante métodos de investigación científicos así como protocolos de actuación homologados, para indagar en diversos delitos.
Reiteró que se han hecho numerosos avances en materia de investigación y persecución de delitos federales, conteniendo e incluso reduciendo la acción de grupos criminales en zonas que han estado a manos de la delicuencia organizada.
“Puedo decir que de Septiembre de 2014, a Julio de este año se concretó la detención 18 mil 647 personas por delitos contra la salud y conexos; se aseguraron más de 3 mil 742 millones de dosis” afirmó.
Por otra parte, hizo énfasis en la coordinación con las instancias de procuración de justicia y seguridad pública que han permitido que han sido destruidos 36 mil 934 plantíos de marihuana y 141 mil 405 de amapola y que se han consignado 189 personas por el delito de operaciones con lavado de dinero.
Aseveró que desde su llegada a la procuraduría impulsó los procedimientos de extradición, siempre en estricto apego a derecho, cuidando de no vulnerar los derechos humanos o afectar el debido proceso. En este marco México ha entregado a 50 personas por diferentes países, en un periodo que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del presente año, al ser reclamados por delitos de delicuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, trata de personas, homicidio, en otros.
En cuanto a los hechos ocurridos en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, dijo que la PGR ha colocado como una de sus máximas prioridades integrar una investigación profunda, exhaustiva y eficiente.
Señaló que desde el primer momento se ha trabajado en dos acciones paralelas: el esclarecimiento de los hechos, con el fin de establecer responsabilidades de quienes al interior y exterior del penal participaron en la evasión de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, así como en la recopilación de todos los elementos de información que conduzcan a la recaptura del delincuente.
Recalcó que hasta el momento se han obtenido 23 órdenes de aprehensión con contra de 23 ex servidores públicos que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo. Adicionalmente, dijo que se tienen bajo arraigo a 10 personas civiles, que son las colaboraron en la fuga desde afuera del penal.
“Estamos llevando a cabo una investigación a fondo y a todos los niveles, en coordinación con las distintas instancias de seguridad del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como de los órganos de inteligencia y análisis de información criminal en el país, para entregar a los jueces a todos los aquellos que de alguna u otra manera facilitaron esta evasión”: Recalcó la Funcionaria.
En cuanto al tema de derechos humanos señaló que en los últimos meses se han enfrentado retos retos enormes que han puesto a prueba la solidez de la PGR, así como su capacidad de dar respuesta a la sociedad por temas que han generado enojo e indignación.
Comentó que lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala y Cocula el año pasado son actos de barbarie que indignan a todas y a todos los mexicanos. Por ello la PGR ha atendido e incorporado las observaciones y elementos que constituyen elementos a la investigación, algunas de las cuales han sido incorporadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de que se abrieron nuevas líneas de investigación en las cuales se tienen más identificados como autores materiales.
En esta instancia señaló que la procuraduría esta consciente que su trabajo no puede ser realizado adecuadamente basado en posturas inamovibles y que ha de ser la ciencia y los métodos que de ella derivan, los que permitan dilucidar este hecho. “Iguala no es un caso cerrado y que las investigaciones continúan”, dijo.
En tanto, indicó que tras un largo proceso de consultas con otras instituciones, expertos en la materia y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se han concretado dos protocolos para la homolagación en todo el país de las investigaciones en casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas “apegadas a los más altos estándares internacionales”.
En cuanto al nuevo Sistema de Justicia Penal, Gómez dijo que la transformación jurídica ofrecerá a la sociedad la oportunidad de acceder a la justicia de manera mucho más directa, pronta y expedita, por medio de audiciones públicas, con garantía a la protección de victimas y el respeto a la dignidad de los procesados.
Comentó que en noviembre del 2014, el nuevo Sistema Justicia Penal se había implementado en Durango y Puebla, luego se estableció a partir de marzo del año en curso en Yucatán y Zacatecas, y que al finalizar el mes de agosto ya eran 8 las entidades que tenían el nuevo Sistema y que para noviembre se estima que otras nueve entidades formen parte de ello. Se espera que para el año que viene todo el país tenga este nuevo sistema.
En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, dijo que este es un sello que debe marcar la gestión y el actuar de todos los servidores públicos de la institución.”La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables que dan legitimidad y confianza al trabajo cotidiano y deben ser el sustento institucional en materia de procuración de justicia”.
Dijo que dar cuenta de las acciones y resultados institucionales es una responsabilidad ante la sociedad se tienen que establecer mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas de su actuación y así cerrar el paso a la impunidad, en observancia de nuestra misión como representación social.
Al finalizar, la Procuradora recalcó que la misión de las instituciones públicas es actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad ante las denuncias y que la sociedad reclama investigaciones apegadas a derecho, rigurosas en sus alcances y eficaces en sus objetivos de cerrar el paso a la delincuencia e impunidad del país.
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