• El Instituto comentó que la violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como los diversos tipos de desigualdades son una razón para que las mujeres migren de sus países de origen.

Por: Oscar Nogueda/

El Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) destacó que la legislación mexicana reconoce la violencia de género como una causa para solicitar y recibir la condición de refugiada en el país, por lo que enfatizó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) debe implementar un enfoque de género en la resolución de las peticiones de asilo.

“Aunque el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en México, no basta con reconocerlo en el papel, se necesitan acciones que lo garanticen”, señaló el IMUMI.

En ese sentido, el Instituto comentó que la violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como los diversos tipos de desigualdades son una razón para que las mujeres migren de sus países de origen. A pesar de ello, indicó que las migrantes enfrentan sistemas discriminatorios, violentos y desiguales en su llegada a México.

En 2020, 7 de cada 10 mujeres migrantes atendidas por IMUMI comentaron ser víctimas de violencia física , en su país y México, por pandillas, crimen organizado, familia, compañeros de trabajo y autoridades. Esto significa una amenaza para su movilidad, solicitud de protección, así como un impedimento para que denuncien la violencia.

“La reproducción de la violencia se da desde la espera de su proceso, muchas veces largo, en detención y en condiciones de hacinamiento, así como en las cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares, y las dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo”, puntualizó el IMUMI.

Igualmente, puntualizó que las mujeres refugiadas enfrentan dificultades para el acceso a un empleo justo y a servicios de salud, educación para sus hijos, servicio de guardería, faltas de atención a sus especifidades para integrarlas al plan de vacunación contra la Covid-19 y rechazo de la comunidad.

También, enfatizó que negar el derecho a solicitar asilo, retrasar las resoluciones, intervenir para que desistan de sus solicitudes, detenciones prolongadas y separación familiar en la detención representan una forma de violencia institucional, por lo que el IMUMI subrayó la necesidad de identificar el tipo de violencia que padecen las mujeres refugiadas para una mejor resolución de su caso.

“México seguirá recibiendo a mujeres solicitantes de asilo, las causas que las obligan a dejar sus países no van a desaparecer en el corto plazo, se necesitan acciones que garanticen su protección y no la detención y deportación”, manifestó el IMUMI.

Por lo anterior, llamó a las autoridades mexicanas a cumplir con las leyes nacionales y acuerdos internacionales, fortalecer a la COMAR, integrar a las mujeres refugiadas a los distintos sectores sin discriminación y considerarlas parte de la recuperación económica del país.