Por: Redacción/

La atención humanitaria a las casi 10,000 personas integrantes de la caravana migrante, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad, ha sido el objetivo prioritario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y para tal efecto durante los pasados meses de octubre y noviembre emitió 21 medidas cautelares –una de ellas de manera verbal— dirigidas a autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal para que brindaran apoyo basado en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de esas personas, además de abrir 19 procedimientos de queja. En todo momento se consideró fundamental recordar que antes de ser migrantes, los integrantes de ese éxodo son personas.

Igualmente, este Organismo Nacional mantuvo permanente interacción con organismos internacionales de derechos humanos, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Honduras y Guatemala y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como colaboración estrecha con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de las entidades federativas por donde transitó la caravana, reuniones con personal de las Embajadas y Consulados de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, acciones conjuntas con estos últimos y reuniones de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales.

Asimismo, se activó en diversas ocasiones el Protocolo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en el marco de la caravana migrante.

Durante el trayecto de la frontera sur de México hasta la frontera norte con los Estados Unidos de América, se dio atención a casos específicos de personas que requirieron apoyo médico, acompañamiento a familiares de personas que sufrieron accidentes o perdieron la vida, asesoría a quienes se vieron involucrados en hechos delictivos o fueron imputados de delitos, además de orientación jurídica sobre el derecho que asiste a todas las personas para acceder a la condición de refugiado en nuestro país, así como la gestión ante autoridades de los tres niveles de gobierno para que se proporcionara a las personas en contexto de movilidad agua, alimentos y atención médica, y apoyo para quienes decidieron retornar a sus países de origen.

Al presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe sobre la “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes”, durante la Audiencia Regional en el marco del 170 Periodo Ordinario de Sesiones que se lleva a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el Organismo Nacional mexicano sostuvo que la posibilidad de migrar es un derecho humano y que no se opone a las regulaciones migratorias de cada país, siempre y cuando existan reglas que permitan un trato digno, acceso a la información sobre los derechos para internarse, el derecho al refugio o asilo, el derecho a la no criminalización como persona migrante, así como absoluto rechazo al racismo y la xenofobia.

Dicho informe da cuenta de la configuración de la caravana migrante y sus etapas; los derechos en aplicación de sus integrantes, tales como a la seguridad de las personas en contexto de migración, integridad personal, niñez, debido proceso legal en las detenciones, protección a la salud, a solicitar y recibir refugio y al retorno voluntario; así como sobre el discurso discriminatorio y xenófobo contra las personas migrantes; traslado humanitario, población LGBTTTI; momentos críticos en la etapa de grandes recorridos y medidas de protección de derechos, consistentes en medidas cautelares, procedimientos de quejas y buenas prácticas implementadas por las autoridades.

Al considerar la alta probabilidad de que ocurran otros fenómenos migratorios como éste, la CNDH solicita a la CIDH, entre otras acciones, desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, para ofrecer alternativas a la migración; realizar una visita de monitoreo a la frontera de México con Estados Unidos y México con Guatemala para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen, y prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata por el cual puedan trabajar de manera coordinada la CIDH y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los países involucrados.

También, elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido, guardando la proporcionalidad y atendiendo la vulnerabilidad de las personas migrantes; considerar la necesidad de acciones inmediatas de respuesta y atención ante eventuales sucesos de flujo intenso como el de una caravana y evaluar la adopción en esos momentos de medidas cautelares por la CIDH; emitir lineamientos para proporcionar asistencia humanitaria y que los agentes estatales actúen con responsabilidad; solicitar que organismos internacionales colaboren en la atención de las personas migrantes en estos contextos y considerar como buena práctica la vinculación entre empleo y regulación migratoria, e incentivar a los países a fomentar la gestión de programas para incorporarlos a trabajos formales.

La CNDH señala que ese gran flujo migratorio representó para nuestro país la oportunidad de hacer vigentes los derechos fundamentales de esas personas en contexto de movilidad y ejercer el principio de congruencia plasmado en nuestras propias leyes migratorias, además de constituir una situación de emergencia que demandó una acción regional coordinada, que no resultó exitosa en todos los aspectos necesarios, y en su informe da cuenta de las acciones realizadas por este Organismo Nacional desde la configuración de la caravana hasta la llegada a la frontera norte del país.

El informe “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, que fue presentado por el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx