Por: Redacción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy a la opinión pública la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos, herramienta de análisis que permitirá a la sociedad conocer el avance en los procesos de actualización del sistema jurídico del país, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte.

Mediante esa Plataforma se conocerá en qué ordenamientos jurídicos, tanto de la Federación como de las entidades federativas, se han operado cambios, para ponerlos en sintonía con los derechos humanos establecidos en la norma superior.

Así lo informó Laura Gurza Jaidar, Directora General de Planeación y Análisis de la CNDH, quien reconoció al grupo de trabajo conformado por representantes de los tres Poderes de la Unión y la propia Comisión Nacional, para que la Plataforma fuera punto de partida para impulsar su consulta permanente como herramienta útil en la construcción del andamiaje jurídico que dé vida plena a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

“Esta armonización –dijo— representa instrumento para colmar la aspiración legítima de hacer que toda persona en nuestro país pueda gozar de los derechos humanos, conforme a lo que prescriben el texto constitucional y los tratados internacionales. Y representa el anhelo de garantizar igualdad de derechos en todas las latitudes del territorio nacional y ante cualquier autoridad, sin importar el orden de gobierno, rama administrativa o poder público al que pertenezca”.

En el presídium de este acto, realizado en las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Gurza Jaidar estuvo acompañada por Ricardo Sepúlveda, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gurza Jaidar señaló que “la construcción del régimen de los derechos humanos es una tarea compleja que, en el marco de un sistema federal reclama no sólo plasmar sus postulados en el texto de la Constitución general del país, sino que también exige reflejarlos en las constituciones de cada uno de los estados libres y soberanos que integran el pacto federal y, asimismo, requiere ineludiblemente que dichos postulados generales se vuelvan aplicables, a través de leyes ordinarias sustantivas y procesales de las diversas ramas del derecho, en cuanto se relacionen con los derechos fundamentales de las personas”.

A continuación, Laura Gurza presentó la metodología de la plataforma, su descripción y sus primeros resultados. Dijo que los resultados sobre armonización constitucional en las entidades federativas que reporta la Plataforma pueden dar lugar a reformas jurídicas en el ámbito de competencia de los órganos legislativos locales, y que el promedio global que se tiene respecto de los 11 elementos primeramente analizados es de 83.1 por ciento a nivel nacional.

Detalló el resultado de cada una de las disposiciones jurídicas analizadas, como por ejemplo el principio pro persona, previsto en el artículo 1° constitucional, sobre el que reporta la Plataforma, que en 23 entidades federativas se reconoce expresamente dicho principio, mientras que en las constituciones locales de nueve entidades no se le menciona en forma alguna, las cuales son: Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

En otro ejemplo, sobre el reconocimiento de la autonomía de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, prevista en el artículo 102 constitucional, apartado B, párrafo 5°, la Plataforma señala que en 31 estados existe tal mandato expreso, mientras que en la Constitución local de Sonora no se hace mención alguna de la Comisión de Derechos Humanos, ni de organismo alguno que tenga por objeto la protección y defensa de éstos.

Ricardo Sepúlveda, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dijo que esta dependencia se suma al trabajo conjunto de la CNDH, respecto de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos.

Detalló que la SEGOB tiene muy claro que el proceso de implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos debe ser un esfuerzo conjunto de todos los poderes, de los órganos autónomos, en este caso de la CNDH, y también de todas las autoridades, de las entidades federativas, y posteriormente habrá que pensar también de las autoridades municipales.

A partir de eso, expuso, se abren muchos ámbitos de armonización que hay que revisar. En el caso de esta plataforma, se cuenta con este primer resultado que se ubica a nivel constitucional, pero más allá de eso, dijo, después habrá que avanzar en los ámbitos legislativos y de normatividad administrativa.

Comentó que la SEGOB instaló hace más de un año una mesa de armonización para toda la administración pública federal, donde participan 64 dependencias. En el primer ejercicio de identificación de normas se encontraron más de 60 mil ordenamientos que son susceptibles de armonización y que pueden tener implicaciones en materia de derechos humanos para todas las dependencias y entidades de la administración pública federal.

“Eso nos habla de cuál es el tamaño del reto que tenemos enfrente”, indicó Sepúlveda, quien anunció que la SEGOB decidió convocar a una mesa nacional de armonización con todas las entidades federativas, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), así como a las organizaciones de la sociedad civil, al tomar como base la plataforma de armonización para alinear todas las constituciones del país.

En su oportunidad, Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el Poder Judicial no se incorporará a la tarea de armonización, porque es una tarea del Ejecutivo y el Legislativo, aunque siempre estará velando por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

Destacó que es importante que se sepa que todas esas normas que no se han armonizado, en los últimos cinco años han dado pie a controversias constitucionales o amparos para ejercer los derechos humanos. Comentó que México decidió ser una Federación en 1824 y desde esa época se pensó que cada Estado iba a determinar las normas que considerara idóneas en sus respectivas jurisdicciones, pero a partir de la Reforma Constitucional del 2011 hay cuestiones que no quedan a criterio de cada Congreso local y, necesariamente, deben seguir las premisas, los postulados y los principios plasmados.

Añadió que el Poder Judicial ha sido la punta de lanza en la lucha por los derechos y ha tenido resoluciones realmente significativas y de gran trascendencia. En este sentido, finalmente propuso que los referentes de armonización no sólo se hagan en función de lo que las normas dicen, sino de cómo ya han sido interpretadas por el Poder Judicial, particularmente cuando ya se haya establecido alguna jurisprudencia.

Finalmente, Laura Gurza, añadió al cierre del evento que debemos reconocer como lo ha expresado el Ombudman Nacional, que “no basta con tener buenas leyes, sino que estas deben aplicarse adecuadamente sobre todo en materia de derechos humanos”.