Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado día 22 de noviembre, demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La CNDH estimó necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación.

Ante tal escenario, la Comisión Nacional decidió ejercer la facultad que le confiere el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, con la única finalidad de que el Máximo Tribunal del país decida sobre la validez de la Ley a la luz del parámetro de regularidad constitucional, en aras de aportar a la consolidación de un marco normativo que permita alcanzar el beneficio social y los objetivos establecidos en nuestra Norma Suprema, respetando en todo momento los derechos humanos.

El Organismo Nacional señaló, es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009.

Para la elaboración de la referida demanda de acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional realizó un estudio minucioso de la LFRSP a la luz del bloque de constitucionalidad, como lo hace con todas las expediciones y modificaciones de normas generales que se publican en la totalidad de los medios oficiales de difusión de las entidades federativas, así como del Diario Oficial de la Federación.

La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos puntualizó que reconoce la destacada labor del Congreso de la Unión al aprobar dicha ley, la cual pretende reglamentar los artículos 75 y 127 de nuestro Máximo Ordenamiento, aproximadamente 10 años después de que se incorporó en la Constitución Federal la obligación de expedirla.