Por: Patricia Ramírez/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 29/2017 a Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua y Julio César Jiménez Castro, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, por utilizar “Centros de Arraigo” para internos imputados, cuyos dos años de prisión preventiva finalizaron y aún no se les dictó sentencia para ser transferidos.

Esto surge de una publicación periodística que informaba la situación que vivían los internos, así que una investigación realizada por la CNDH confirmó que el arraigo se efectuaba sin justificante y concluyó que es una violación a los derechos humanos de acceso a la justicia, seguridad pública y legalidad.

De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el “Arraigo en el Domicilio” sólo se impondrá después de que los imputados rindan su declaración preparatoria y no al concluir sus dos años de prisión preventiva, con excepción de aquellos que tengan una prolongación por causas imputables al procesado.

Por el momento, en los Centros de Arraigo de Ciudad Juárez y Chihuahua, existen 56 casos con sentencia, bajo recurso de casación pendiente donde se sustituye la prisión preventiva por Arraigo; también responsabilidad de la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del estado.

En los puntos recomendados por la CNDH se encuentra: dirigir instrucciones a la Fiscalía General del Estado para informar correctamente el total de las personas privadas de la libertad; tomar medidas para que se instrumenten manuales y protocolos de acuerdo con la Constitución General de la República; se destine a un funcionario para laborar con la Comisión Nacional en la presentación de la queja ante la Secretaría de la Función Pública del Estado para iniciar un procedimiento, e impartir cursos a la Fiscalía sobre derechos humanos, equidad de género y el proceso penal acusatorio y oral.