Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  indicó que los esfuerzos de las autoridades para disminuir las conductas delictivas no han sido eficaces, asimismo, no hay coordinación entre las autoridades federales y estatales para  frenar el  número de secuestros de personas migrantes. La actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad del delito.

La CNDH mostró su preocupación por la incidencia de agresiones contra este grupo de personas. Estos hechos aquejan, no solo a las personas extrajeras, sino a la comunidad en general, ya que afecta el Estado de Derechos y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Desde el 2009, la Comisión Nacional  denunció los casos de delitos contra personas migrantes en su  tránsito por el territorio nacional. A partir de este hecho, la CNDH solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno adoptar medidas de investigación, protección y prevención para atender el problema; así como la conformación de políticas públicas  que garanticen que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.

El 23 de diciembre del 2013, la CNDH emitió una recomendación  a la entonces Procuraduría General de la República y al Gobierno de Tamaulipas por la aparición de 72 cuerpos  sin vida de personas migrantes.

Por otro lado,  el 18 de octubre  del 2017, fueron encontrados 49 personas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, por lo que, la Comisión Nacional dirigió una recomendación a la entonces Procuraduría General  de la República y a los Gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, donde se reiteró la necesidad de un diagnóstico de las rutas de migración de alto riesgo para intensificar las labores de seguridad en esas zonas.

La Comisión Nacional refrendó su compromiso para atender las quejas de migrantes sobre violación a sus derechos fundamentales, mientras transitan por el territorio nacional.  Por último,  la CNDH se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones de la desaparición de las 22 personas migrantes del estado de Tamaulipas para observar la actuación de las autoridades, además, que tengan como prioridad el hallazgo en vida y el pleno respeto a los derechos humanos de estas personas.