Por: Redacción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenó el asesinato del periodista Elidio Ramos Zárate, ocurrido el pasado domingo en Juchitán, Oaxaca, y pidió a las autoridades mexicanas investigar el crimen y sancionar a los responsables.

Ramos Zárate, reportero de el diario regional El Sur, que se edita en la región del Istmo de Tehuantepec, fue ejecutado de dos balazos en la cabeza, mientras cubría una protesta de maestros en el sur del estado; captó imágenes de dos autobúses incendiándose.

Cubría la sección “policiaca” y supuestamente, refiere el organismo internacional, había recibido amenazas para que no escribiera sobre actos violentos.

El estado de Oaxaca ha sido uno de los más violentos para los periodistas en los últimos años.

Con este caso suman seis los asesinatos de periodistas en México ocurridos este año: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco; el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de Guerrero y el 14 de mayo falleció de un

disparo en la cabeza el periodista Manuel Torres González en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz.

En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente por el ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos.

Por ello, el organismo de la ONU manifestó su preocupación por los reiterados actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México.

La Relatoría Especial consideró que en el asesinato de Ramos Zárate se “debe evaluar de manera urgente” si deben activarse los mecanismos de atracción para que su caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales.

Asimismo, es esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles de gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.