• La ombusperson capitalina mencionó que los menores de edad requieren medidas más amplias de protección, por lo que es necesario que el Estado, padres, madres y tutores tienen la obligación de aportar recursos para su desarrollo.

Por: Oscar Nogueda/

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a superar las perspectivas de criminalidad, penalidad y del modelo médico-psiquiátrico de adolescentes en conflicto con la ley. Por ello, subrayó la necesidad de implementar y robustecer los mecanismos interdisciplinarios, así como de acompañamiento de jóvenes  en conflicto con la ley.

En el Foro Internacional Desafíos de la Justicia para Adolescentes en México, Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCM, manifestó que se deben aplicar criterios internacionales y locales para responder a la solución de fenómenos sociales, tales como la  inserción de menores de edad en los sistemas de violencia, ya sea en las escuelas o dentro de sus comunidades.

“Entre los retos del Sistema No Jurisdiccional de Derechos Humanos a ese respecto, está el de sostener y empujar el cambio de paradigma sobre la responsabilidad penal adolescente. Ese paradigma, atraviesa por trabajar constante y activamente sobre la interacción de las familias con sus adolescentes, y de éstos con las autoridades del Estado”, manifestó Ramírez Hernández.

La ombudsperson capitalina mencionó que los menores de edad requieren medidas más amplias de protección, por lo que es necesario que el Estado, padres, madres y tutores tienen la obligación de aportar recursos para su desarrollo.

Ramírez Hernández señaló la necesidad de enfocar la justicia para adolescentes hacia la provisión de asesoría legal, la consideración sobre su situación legal, su edad, su situación y la de sus padres o representantes legales. También, abordar el tema del respeto a su vida privada, el establecimiento de leyes, procedimientos de autoridades adecuadas y específicas, así como las medidas de cuidado, orientación, supervisión, libertad vigilada, hogares de guarda, programas de enseñanza y alternativas de internación.

Por último, sostuvo que la discusión, sobre el entono de menores de edad, debe centrase en la adecuación de las instituciones pública para que respondan  activamente ante esta situación.