Causa en Común registró 2 mil 802 víctimas de atrocidades en el primer semestre del 2020. Por ello, investigadores señalaron que el actual gobierno no ha podido disminuir la crueldad y barbarie de estos actos.

Por: Oscar Nogueda/

Según el estudio “Galería del horror: atrocidades registradas durante el primer semestre de 2020”, Causa en Común contabilizó un total de 2 mil 124 eventos que pueden ser catalogados como atrocidades en el primer semestre del 2020, con un saldo de 2 mil 802 víctimas.

“El reporte contabilizó más de dos mil casos que los medios de comunicación de todo el país reportaron sobre el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo.El propósito principal es presentar una galería de horrores que refleja la vida cotidiana y la impunidad con que se lleva a cabo”, señaló Causa en Común.

El estudio reveló que los estados con más víctimas de atrocidades registradas son Guanajuato con 537, Michoacán con 270, Jalisco con 205, Chihuahua con 197 y Guerrero con 187. Cabe destacar que se identificaron 10 entidades federativas con más de 100 víctimas de atrocidades en el primer semestre del año.

En comparación, las demarcaciones con menos casos registrados son Nayarit y Aguascalientes con 10, Querétaro con 5, Baja California Sur con 3, Campeche y Yucatán con una víctima cada estado.

María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, mencionó que “reporte es un llamado de atención a evitar que se normalicen linchamientos, descuartizamientos y masacres. Presenta un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Buena parte de estas atrocidades son perpetradas por mexicanos contra mexicanos, independientemente de lo que consideramos como estructuras delictivas”.

Las principales actividades que se reportaron fueron profanación de cadáveres con 469 casos, masacres con 368, tortura 336, descuartizamiento con 314, calcinación con 281, asesinatos de menores de edad con 168 y femenicidio agravado con 51.

Guanajuato encabeza la lista de casos identificados de masacres con 105 incidentes, descuartizamiento con 57 víctimas y asesinatos de menores de edad con 27 víctimas. En las otras atrocidades, Jalisco es el primer lugar en profanación de cadáveres con 110 casos.

En cuanto a la tortura, Michoacán se colocó en el primer lugar con 58 víctimas, mientras que en Baja California Sur se identificó 40 sucesos de calcinamiento.

En el primer semestre del 2020, Causa en Común reconoció a junio como el mes con más atrocidades con un total de 534 eventos,le sigue enero con 512, mayo con 486, abril con 463, febrero con 434 y marzo con 373.

“Este mosaico de atrocidades ciertamente refleja violencia criminal; pero es importante resaltar que se trata también de violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. Necesitamos, como nación, rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante este cúmulo de horrores. Se debe dejar de jugar políticamente con la inseguridad; reconocer que todas las mexicanas y mexicanos vivimos asfixiados por una inseguridad cada vez más extendida y cada vez más violenta”, dijo Elena Morera.

Ina Zoon, Coordinadora de proyectos de justicia penal en América Latina de Open Society Justice Initiative, manifestó que la saña de masacres históricas como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán se mantiene vigente en la actualidad, además precisó que la política de seguridad del actual gobierno no ha podido disminuir la crueldad y barbarie.

Jacobo Dayan, investigador del seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, externó que este estudio es “un llamado para que las “autoridades en su conjunto nos digan cómo van a hacer para abatir la impunidad y la inseguridad, que nos digan lo que hacen para el fortalecimiento de las policías, lo que hacen para generar capacidades de Estado, y no sólo nos digan que esperan reducir la violencia con programas sociales”.

Ante esta situación, Causa en Común subrayó la necesidad de incorporar un enfoque psicológico al estudio de la violencia, ya que las atrocidades reflejan patologías que representan un reto mayúsculo.

Por ello, exigieron a las autoridades de los tres ordenes de gobierno la resolución de estos casos con investigaciones sólidas y reformas de policías, así como fiscalías que atiendan las necesidades económicas y materiales de estas instituciones.