Por: Oscar Nogueda/

La organización Causa en Común apuntó que la aprobación para eliminar 109 fideicomisos representa un abuso para manejar discrecionalmente los recursos destinados a responsabilidades esenciales del Estado mexicano.

La organización subrayó que la apropiación de recursos de diversos fondos es una práctica generalizada en el actual gobierno, ya que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tiene menos de la mitad de los 280 mil millones de pesos asignados en el 2018.

Asimismo, Causa en Común destacó que el Gobierno federal “se ha agenciado más de 30 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas”. Ante ello, agregó que los recortes presupuestales, realizados para reasignar el presupuesto, han afectado las capacidades gubernamentales.

“Ahora se trata de decenas de de miles de millones de pesos adicionales que el gobierno federal pretende gastar como supuestos apoyos directos en su entera discreción. Pero, además se difunde de que no solo se mantendrán los apoyos, sino que los recursos también se van a utilizar para atender la pandemia”, puntualizó Causa en Común.

La organización apuntó que la eliminación de los fideicomisos afectará a los 26 Centros Públicos de Investigación, los cuales utilizan estos mecanismos para apoyar a los estudiantes y realizar proyectos de investigación. Asimismo, cuestionó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales ante los recurrentes eventos naturales en el país.

Causa en Común recordó que el Proyecto de Presupuesto del 2021 elimina el subsidio de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, el cual apoyaba a 300 municipios con una bolsa total de 4 mil millones de pesos. Además, sostuvo que el Gobierno federal desprotege a las víctimas con la eliminación del Fondo para la Protección de Defensores y Periodistas, así como del Fondo de Apoyo Emergente de Atención a Víctimas.

Por último, llamó a los legisladores a defender la investigación, la cultura, las instituciones civiles de seguridad, a las víctimas y los derechos humanos debido a que son responsabilidades primordiales del Estado mexicano.