Por: Nilda Olvera/

A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, se cuestiona lo establecido en el gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto en enero del 2015 por el entonces ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam la denominada “Verdad Histórica”, en la que se apuntó que elementos del Cártel Guerreros Unidos creyendo que los normalistas pertenecían a sus rivales Los Rojos, los habrían matado para luego incinerar sus cuerpos en el basurero de Cocula y posteriormente arrojado sus residuos al Río de San Juan.

Recientemente la identificación de los restos óseos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, declaración que realizó Omar Gómez Trejo, fiscal para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado mes de julio, se le suma junto con la de Alexander Mora Venancio en diciembre del 2014 y con la de Jhosivani Guerrero en septiembre del 2015 tres cuerpos identificados por las muestras que se le enviaron a la Universidad de Innsbruck, en Austria, cuyos estudios genéticos sólo fueron respaldados dos veces por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Asimismo, los 142 detenidos entre los que se hayan policías municipales de Iguala y Cocula e integrantes de Guerreros Unidos, unos 77 involucrados han sido liberados precisamente porque un juez consideró que las pruebas de la Fiscalía fueron obtenidas de maneras ilegales y en las que se realizaron violaciones a los derechos humanos de los implicados.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se fundó en 1926, antiguamente sólo se asistía a ésta los fines de semana en los diferentes inmuebles de Tixtla, no obstante, hasta que se convocó a una reunión en la que se tuvo como objetivo buscar un terreno para poder establecer una sede en la que todos los interesados que desearan ir a ella lo hicieran en un punto en común. Es de esa forma que el Ayuntamiento le donó al gobernador de Guerrero de aquel entonces, Adrián Castrejón, un territorio en la localidad Tixtla, donde actualmente se ubica.

A la fecha, las 17 escuelas normales que hay en el país a diferencia de los apoyos e impulsos que los Estados les otorgaron a principio del siglo XX, sufren al día de hoy problemas relacionados con recortes presupuestales, intentos de reducir las matrículas y escasos financiamientos. Siendo una institución educativa de varones, en Ayotzinapa asisten jóvenes con carencias económicas que viven en las comunidades marginadas, en ella los alumnos aspiran por medio un examen de admisión poder entrar a las licenciaturas de “Educación primaria” o “Educación primaria con enfoque intercultural bilingüe”.

Cabe señalar que no es la primera vez en la que los normalistas han tenido conflictos con las autoridades, en el 2011 Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados por impactos de balas de los uniformados cuando llevaron a cabo junto con sus compañeros un bloqueo en la Autopista del Sol a la altura de Chilpancingo luego de que el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre negó recibirlos, huelga con propósitos académicos.

Dos años más tarde, en noviembre del 2013 se dieron otros de los enfrentamientos por parte de los policías de Guerrero, en las que versiones de las prensas señalaron que se les atacaron por las órdenes que indicó el entonces Secretario de Seguridad Pública del estado Javier Lara Montellanos.

El 26 de septiembre del 2014 alrededor de 80 a 100 alumnos de la Normal Ayotzinapa llegaron a las 18:00 horas a Chilpancingo con las intenciones de poder tomar unos autobuses que utilizarían para poder trasladarse a la marcha en conmemoración del dos de octubre de 1968 en Tlatelolco Ciudad de México, la cual cada año se celebra. Al poco tiempo, los estudiantes se encaminaron por órdenes de Bernardo Flores Alcaraz “El Cochiloco” a las afueras de Iguala, quienes fueron detectados por los “halcones”, cuyas personas le notificaron a uno de los integrantes de los Guerreros Unidos sobre sus arribos a la caseta de cobro.

Por consiguiente, los normalistas detuvieron a un autobús turístico de la empresa Costa Line, el cual venía con pasajeros y cuando éstos se percataron de la situación acordaron con el chofer ir hacia la terminal de Iguala donde se descargaría a la gente del transporte y por consiguiente dirigirse con él a la sede de la Normal. Sin embargo, al instante que llegaron ahí el conductor del vehículo los encerró, por lo que se comunicaron con el “Cochiloco” de que se necesitaba ayuda, para lo cual éste atendió a lo solicitado.

En seguida a las 21:20 horas los estudiantes tomaron tres autobuses a parte de los dos con los que ya venían para dirigirse a la sede de Ayotzinapa, los primeros cuatro se conformaron por línea de Costa Line 2012, 2510 y los de la empresa de Estrella de Oro 1568 y 1531 se dirigieron hacia norte y el quinto el Estrella Roja se marchó hacia el sur.

Cuando el convoy llegó a la calle Galeana en el que iban un aproximado de 55 normalistas uniformados los atacaron que en aquel instante provocó que el 1531 cambiara su ruta al este, más tarde en la esquina de Juan Álvarez y Periférico Norte se les bloqueó el camino al 2012, 2510 y 1568, ambos acontecimientos fueron ejercidos por patrullas de Iguala y Cocula, algunos mandados por César Nava, subdirector de la policía municipal.

Luego de lo anterior, inició una serie más de agresiones que ante estos los normalistas contratacaron con piedras y en los enfrentamientos hubo varios heridos, uno de los afectados fue Adolfo Gutiérrez quien recibió un disparo a la cabeza en el instante en el que trató de mover junto con sus compañeros una patrulla, el daño le provocó que actualmente esté en estado vegetativo. Varios de los alumnos pidieron auxilio a sus compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, mientras que los que decidieron entregarse, siendo la mayor parte los que iban en el 1568 se les ascendieron a unos 6 a 7 coches de la policía y los que no fueron arrestados se quedaron en el lugar para proteger las evidencias.

Conviene subrayar que mientras estos eventos se desarrollaban, en el instante en el 1531 iba por la carretera federal 95 Iguala Chilpancingo, un par de unidades los siguieron y les acribillaron, lo que propició que se éste se estacionara debajo del puente del Chipote cerca del Palacio de Justicia del Gobierno Estatal.

Por consiguiente, se embistieron con golpes a la unidad y se les obligaron con granadas de gas lacrimógeno a que bajaran y se les subieron a las partes traseras de las patrullas. Por otra parte, cuando el Estrella Roja se aproximó al 1531 autoridades también lo detuvieron y descendieron a los estudiantes, los cuales huyeron hacia la Colonia Pajaritos y 24 de Febrero; en el momento que se hicieron las acciones en el lugar ya había un total de 12 vehículos.

A más de medianoche, en Periférico Norte de nuevo sucedió un atentado que se llevó a cabo cuando diversos periodistas recolectaban información de lo acometido. De una camioneta blanca y un auto negro descendieron sujetos con uniformes negros y armas con las que dispararon contra todos los que se hallaban presente, escenario donde se le vio por última vez con vida a Julio César Mondragón, normalista que se le halló horas después cuyo cuerpo presentó signos de tortura.

Guerreros Unidos es una de las tantas organizaciones criminales que surgieron cuando se dieron las disputas y fracturas en el Cártel de los Beltrán Leyva. Relacionado con las actividades de extorsión, secuestro y narcotráfico especialmente de marihuana y amapola, opera en el sur de Morelos, parte del Estado de México y en el norte de la región de Guerrero, estado con el que se disputa territorio con Los Rojos, La Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y Los Ardillos.

En el Caso Iguala es uno de los principales participantes en la captura de varios de los estudiantes a la vez de sus asesinatos como las desapariciones de los cuerpos luego de tener registros de haber recibido pasada la media noche del 27 de septiembre algunos de ellos en la Loma del Coyote por parte de los agentes municipales, los cuales los pusieron a bordo en una camioneta Nissan pick up y los trasladaron a una casa de seguridad en el caserío conocido Barranca de la Plata en Cocula. 

De acuerdo con las declaraciones que fueron obtenidas a la fuerza, los hechos ocurrieron así: Felipe Rodríguez “El Cepillo” o “El terco” el cual se desempeñó como operador del grupo criminal, declaró que la noche del 26 recibió una llamada en donde le informaron que necesitaban apoyo porque se estaba atacando Iguala y enseguida de esto le llamó a Patricio Reyes Landa, “El Pato” jefe de los halcones para que se lanzara con los compañeros.

Éste mismo le llamó a Jonathan Osorio Cortez “El Jona” (sicario)  y recogió a Agustín García Reyes “El Chereje” (sicario) para otorgar auxilio contra “los coloridos”. En el transcurso “El cepillo” declaró que le indicaron que se fuera hacia Lomas del Coyote donde iba a recibir varios paquetes (personas), en cuanto a las autoridades se les otorgaron los paquetes, los subieron a otra camioneta en donde se les acomodó unos encima de otros.

Los cuales se los trasladaron al basurero de Cocula y a los que no murieron por asfixia se les realizaron interrogaciones, la cual “El Chereje” marcó que la encabezó “El Pato” y “El Terco”, ahí se obtuvieron informaciones de uno de los normalistas de que presuntamente habían sido mandados por Santiago Mazari “El Carrete” quien entregó 300 mil dólares al director de Ayotzinapa Jorge Luis Hernández Rivera. Igualmente, se le recriminó por parte de sus compañeros a un tal “Cochiloco”, alumno de no más de un año en la Raúl Isidro Burgos, de que él los había puesto en esa situación y que era infiltrado de Los Rojos.

Que acompañado con el director se hacían marchas en las que a través de ellas se metían a miembros de los coloridos, no obstante “El Cochiloco” culpó a Miguel Hernández Martínez “El Patilludo” de quien era el causante de las infiltraciones. Felipe Rodríguez también informó que en el transcurso de la noche se reconoció con los de Ayotzinapa a uno de los hermanos de Los Rojos que murieron en uno de los enfrentamientos pasados con Los Guerreros Unidos y que ciertos normalistas tenían ocultas entre sus vestimentas capuchas.

A más tardar “El Terco” le anunció “Al Pato” que Gildardo López Astudillo “El Gil” les ordenó que los matara, luego de que por medio de un mensaje de texto López Astudillo el segundo al mando del cártel le comunicara a Sidronio Casarrubias sobre los acontecimientos, ex jefe de la agrupación que en aquel entonces aprobó las acciones para defender su territorio. Ante esto “El Chereje” dijo que les dispararon cuando estaban boca abajo y que los que lo hicieron fue “El Pato”, “El Cepillo” el cual señaló que cuando dio la orden se marchó y regresó al día siguiente día y a otros dos “El Paja”“El Primo”.

Que después de asesinarlos los acomodaron, les echaron líquido inflamable que trajo “El Gil” y les prendieron fuego, y que cuando se apagaron las llamas en unas bolsas negras de basura que otorgó “El Cepillo” se combinó con tierra los restos de los cuerpos y se arrojaron al Río de San Juan.

En noviembre del 2014, debido a las inconformidades de los padres de las víctimas sobre los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas, surgió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Comité de cinco expertos conformados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de proporcionar las búsquedas de datos de los agresores con la desaparición de los 43 estudiantes.

En sus reportes han puesto en duda lo señalado por la “Verdad Histórica”, en las que se pueden apreciar que en el Caso Iguala al menos un grupo de entre 13 y 15 normalistas fueron llevados al municipio de Huitzuco, que las declaraciones obtenidas de los sicarios se hicieron bajo tortura luego de ser capturados, que hubo irregularidad en la localización del fragmento de Mora Venancio que envió la PGR hallado en Cocula en la que hay posibilidad de que pudo ser sembrado.

Que los estudiantes no salieron de Ayotzinapa a la 13:00 horas y que ellos no fueron los primeros en iniciar las agresiones, a la vez de que no se violentaron a los choferes de los autobuses. Otro de los aspectos importantes es que la GIEI contradijeron a la PGR de que no eran cuatro camiones como originalmente se pensó en la que venían los estudiantes, sino que se le incluyó el de la Estrella Roja.

Y que cuando la PGR aceptó la existencia de este quinto transporte, presentaron pruebas de un camión que no era el original y que el conductor al que se le pidió su declaración en él que aseguró de que luego de su abandono, el autobús fue escoltado por la Policía Federal hasta la salida de Iguala, empleado que también era uno diferente al que fue grabado por las cámaras de seguridad de la terminal. Asimismo, la GIEI planteó la hipótesis que la razón del porqué no se agredieron a los pasajeros de la Estrella Roja como a la de los de Castro Tours donde iba el equipo deportivo de Los Avispones que uniformados confundieron, es porque éste pudo haber estado cargado con droga o dinero del narco, lo que explicaría la mecánica de los hechos.

A la fecha el Ministerio Público Federal obtuvo 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de ministerios guerrerenses por el Caso Iguala, las cuales se unen a las ya obtenidas las de hace seis meses. Entre ellas está una orden de arresto en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomas Zerón, cuya labor principal fue dirigir la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Quien huyó del país y que recientemente se localizó en Israel, por las acusaciones de torturar a detenidos para que confesaran, alteraciones y ocultamientos de indicios de pruebas, señalizaciones hechas por los elementos del GIEI cuando lo indicaron responsable de sembrar las bolsas de plástico con restos óseos de los normalistas en el Río San José, acción que apoya a otra versión de que fueron incinerados en diversos puntos de Guerrero.

Desde el 2014 decenas de figuras políticas han sido señaladas de estar implicadas en el Caso Iguala, entre ellos están José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de homicidio y crimen organizado; y el ex alcalde de Cocula, César Peñaloza. Con la aprehensión de José ángel Salgado “El Mochomo” líder del Cártel Guerreros Unidos vinculado con la desaparición de los normalistas, se espera que se obtengan nuevas indagatorias sobre el caso.

Como cada oportunidad desde que comenzó el mandato político de Morena, los padres y familiares de los normalistas demandan al gobierno ya sea en juntas con el titular Andrés Manuel López Obrador, eventos y marchas pequeñas o grandes conocer sobre el verdadero paradero de los 43, además del castigo de los agresores.