Por: Javier Bárcenas/

Con 70 votos a favor y 50 en contra, cero abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Así como, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral y democracia y libertad sindical y negociación colectiva.

El dictamen aprobado se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, señaló que éste es un triunfo y resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos por la democracia y libertad sindical, por el salario y mejores condiciones de vida.

Responde también a los compromisos del Estado mexicano derivado de la Reforma constitucional del 2017 y a los tratados internacionales como el convenio 98 de la OIT y el tratado México Estados Unidos-Canadá.

En consecuencia, quedaron aprobados los artículos 49, 110 132, 133, 146, 245 bis, 279 quater, 280 bis, 283, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340, 342, 360, 364, 369, 371, 371 bis, 373, 390 bis, 390 ter, 395, 399 ter, 400 bis, 451, 590 d, 784, 897, 897 f, 920, 923, 926, 927, 929 y 937 de la Ley Federal del Trabajo.

Además de los artículos 6, 11, 12, 13, 22 transitorio del proyecto de decreto en los Términos del Dictamen.

Artículos transitorios

En los artículos transitorios se establece un plazo de 180 días para expedir Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después que entren en vigor los cambios realizados.

También, un periodo no mayor a dos años para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.

Un tercer plazo, máximo de tres, años para que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas, inicien operaciones.

También se establece que en máximo cuatro años, a partir de la entrada en vigor de las este Decreto, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que correspondan.

Cada circuito judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las declaratorias que emita el Senado de la República, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones previstas en el presente Decreto.

Durante los posicionamientos, previo a la discusión de las reservas el senador de Morena, Pedro Haces Barba, aseguró que este dictamen responde contundentemente a los enormes retos que tienen los trabajadores mexicanos. Es necesario brindar los elementos que revolucionen y fortalezcan la vida laboral de los años por venir, sobre todo en un país que cuenta con una fuerza laboral de 52 millones de trabajadores, y donde sólo uno por ciento gana más de 10 salarios mínimos al mes.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que la reforma es una deuda histórica con la clase trabajadora. Atiende a una necesidad añeja derivada de un sistema legal obsoleto que ha frenado el desarrollo económico y laboral de las y los trabajadores. Ha impedido contar con el dinamismo productivo que se requiere para impulsar el desarrollo económico de México.

El senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, del PRI, a su vez, indicó que el objetivo de los sindicatos es lograr certeza en el empleo, garantizar mejoras laborales y bienestar para las y los trabajadores, por lo que no se debe descalificar al movimiento obrero. La reforma aprobada da un giro total al derecho de los trabajadores mexicanos.

En su participación, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, consideró que este nuevo modelo de justicia laboral ayudará a cerrar la brecha de desigualdad en el país, pues el respeto a los derechos de los trabajadores aumentará la productividad de éstos, y ello se traducirá en crecimiento económico.

Por el PT, el senador Joel Padilla Peña, manifestó el respaldo de su bancada a la reforma al considerar que representa un gran avance en justicia laboral y recoge las demandas históricas de los trabajadores mexicanos.

El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, dijo que las modificaciones benefician a la clase trabajadora y contiene componentes fundamentales para el crecimiento de México. Coincidió en analizar más adelante, y en Parlamento Abierto, las observaciones que han enviado al Senado los grupos interesados.

Miguel Ángel Mancera senador del PRD dijo que la mayor parte de esta reforma tiene la intención de modernizar y adecuar la relación obrero-patronal; sin embargo, dijo que se tienen que encontrar equilibrios entre productividad y buenas condiciones laborales, y espera que más adelante haya una discusión detallada y profunda en temas que quedaron pendientes.