Por Roberto Barco Celis

La comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside el priísta Álvaro Ibarra Hinojosa, aprobó por mayoría el dictamen de la llamada Miscelánea Penal, que comprende modificaciones y adiciones a diez ordenamientos jurídicos para armonizarlos con el nuevo Sistema de Justicia Penal que debe aplicarse a mediados de este año.

Se trata de una minuta impulsada por el Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría General de la República con la participación de senadores de la nación. Con estas reformas, principalmente al Código Nacional de Procedimientos Penales, se complementarán las reformas que darán mayor funcionalidad al nuevo sistema de justicia, que será de corte acusatorio y adversarial.

El dictamen se mantiene abierto para la aportación de ideas por parte de los integrantes de la Comisión de Justicia de todas las fuerzas políticas, instituciones públicas y asociaciones civiles, relacionadas con el tema, aseguró el diputado Álvaro Ibarra.

El legislador por Nuevo León sostuvo que la miscelánea tiene como objetivo brindar mayor certeza a los operadores del sistema de justicia, como son abogados, jueces, fiscales y abogados defensores, entre otros.

Entre los cambios más sobresalientes contenidos en la miscelánea, destaca que el Ministerio Público podría dejar de ejercer la acción penal con base en un criterio de oportunidad.

Este conjunto de reformas también señala que la prueba anticipada para los niños menores de 12 años, que son víctimas, es excepcional en razón del interés superior de la niñez.

Se incluye también la armonización constitucional sobre el concepto de centro penitenciario. Se precisa la definición del defensor, si se incluye la figura del asesor jurídico.

En adelante y de ser aprobada por el pleno esta miscelánea, precisa que habrá dos formas para llevar a cabo las investigaciones ministeriales: con y sin autorización judicial, en tanto que se resta complejidad y se otorga equidad procesal a las partes.

Álvaro Ibarra concluyó al señalar que en los supuestos donde esté en peligro la integridad física, la vida de una persona o el objeto del delito, la autoridad actuará en investigación continua de la falta.