Por: Redacción

Las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda aprobaron en lo general el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo objetivo es establecer las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves.

Asimismo, incluye las bases relativas a la determinación de mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y la creación de las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética y responsabilidad en el servicio público.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras acordaron que las reservas que se presentaron a este dictamen se expongan y discutan en la sesión del Senado de la República que se llevará a cabo durante el periodo extraordinario.

Senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD señalaron que en la discusión en el Pleno insistirán en mantener en el artículo 29 de la Ley, a fin de que este retome la redacción establecida en la iniciativa ciudadana conocida como 3de3.

Al respecto, el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que el único punto del dictamen en el que “no estábamos cerca”, era el referente al de las declaraciones patrimoniales. En ese sentido, comentó: “ayer vino el representante legal de los 634 mil ciudadanos a mandatarnos cómo lo hiciéramos y es lo que hemos adoptado en el adéndum”.

Destacó que el dictamen somete a un mismo régimen de responsabilidades a todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones, y establece códigos de ética con implicaciones legales para sujetos obligados, candidatos, líderes sindicales, equipos de transición y servidores públicos, así como las directrices de conductas en el servicio público, las obligaciones que dirigen la conducta del servidor público, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

También, dijo, se plantea que sea pública la evolución del patrimonio, así como la implementación de una plataforma digital para recibir declaraciones y verificaciones.

Subrayó que se incluyen los tipos de corrupción, sus modalidades que impliquen a personas físicas, las herramientas especiales de investigación, autonomía de autoridades investigadoras, protección, protección a testigos, obligación de investigación.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Marcela Torres Peimbert, expresó que no acompañarán el adendum presentado por el PRI, sino que “tomaremos en sus términos el discurso de ayer de Eduardo Bohórquez”.

“Abrazamos el principio de máxima publicidad, abrazamos la Ley 3de3 en sus términos, y el PAN, en este caso va por el formato 3de3 como lo proponen específicamente los ciudadanos, sin ninguna dilución en forma completa”, subrayó.

No obstante, la legisladora consideró que este ordenamiento contiene enormes ventajas que permitirán poner “fin a la era de las licitaciones amañadas para beneficiar solamente a las amigas y a los amigos del poder, y creo esa es otra enorme ventaja de esta ley”.

En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Zoé Robledo Aburto, aseguró que el dictamen contiene algunos “incentivos para la impunidad”, ya que hay “altos márgenes de discrecionalidad” con los cuales los órganos internos de control podrán incluso indultar a quienes incurren en actos de corrupción.

“La publicidad de las declaraciones efectivamente no atrapa al ladrón, pero evita y previene que el ladrón se quiera convertir en un político”, expresó.

En el dictamen se pretende que la publicidad de las declaraciones, es decir, los montos, valores, ubicaciones de los inmuebles y demás contenidos, sean totalmente voluntarias, “que cada funcionario decida si la hace pública en su totalidad o no”.

Llegamos al momento de definirnos. Y aquí es muy claro el camino que hay que tomar, estamos a favor o en contra de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. No hay porcentajes de qué tanto se parece la ley, “porque la del dictamen es una versión hecha por los políticos para los políticos en beneficio de los políticos”, concluyó el legislador.

La iniciativa fue aprobada con el voto particular de la senadora Dolores Padierna Luna y el del senador Armando Ríos Piter.