Por: Redacción

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron, en lo general, los dictámenes que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Penal Federal, en materia de anticorrupción.

El proyecto de Ley Orgánica plantea un marco jurídico para la creación y actuación de las fiscalías especializadas de Combate a la Corrupción y para la Atención de Delitos Electorales, con el propósito de dotarlos de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar la función que les fue encomendada en la reforma constitucional en esta materia.

Asimismo, las modificaciones al Código Penal Federal establecen las sanciones en Unidades de Medida y Actualización a servidores públicos que incurran en el delito de corrupción.

Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras informaron que las reservas presentadas a este dictamen serán discutidas en el Pleno, durante la sesión del periodo extraordinario del Senado de la República.

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, expresó su preocupación debido a que en el proyecto se disminuyen las facultades, de manera amplia, y la autonomía de ambas fiscalías especializadas.

Consideró que con estas modificaciones no sólo se descafeína la reforma anticorrupción, sino que anula a las dos fiscalías en su operatividad, pues se le quitan elementos muy importantes para combatir la corrupción y la ilegalidad en las elecciones.

La senadora Martha Tagle Martínez afirmó que con la propuesta de dictamen se genera un fiscal anticorrupción que “no sirve para nada, perdemos todo”, pues será nombrado por la procuradora, con lo que se le quita al Senado la posibilidad de elegir al titular de esa nueva fiscalía.

Subrayó que quien será precisamente el responsable de perseguir este tipo de delitos no pude ser una persona que no tenga facultades legales y que dependa de un superior para poder actuar “y que ni siquiera lleve independencia administrativa básica”.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García precisó que la propuesta establece que el fiscal anticorrupción sí lo nombrará el Senado de la República y dijo que la fiscalía tendrá atribuciones como la investigar y perseguir los delitos relacionados a la corrupción, salvo los cometidos por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Del mismo modo, explicó, podrá participar como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, al cual deberá rendir un informe, nombrar y remover a su personal directivo, que también podrá ser removido por el Procurador, contará con ministerios públicos, policías, y autonomía presupuestaria, entre otras funciones.

La senadoras Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, negó que la nueva fiscalía anticorrupción sea disfuncional y que no tendrá la suficiente fortaleza; “no es cierto, porque se le está dotando de atribuciones de autonomía técnica y operativa”, además de que contará con las herramientas suficientes para el desarrollo de sus investigaciones.

En términos generales, aseguró, sí se logró construir una fiscalía robusta, que tiene atribuciones importantes, que goza de autonomía técnica y operativa, pero reconoció que hay faltantes, y uno de ellos, es el tema de la Fepade que no tendrá el mismo estatus del órgano que combatirá la corrupción.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, manifestó que si no están inscritos temas para fortalecer las dos fiscalías se desvirtúan las reformas anticorrupción. Requerimos fortalecer su autonomía, de lo contrario no tendrán sentido, sostuvo.

Su compañera de bancada, la senadora Dolores Padierna Luna advirtió que todas las facultades de la Fepade se cancelan y anulan con esta reforma. Indicó que si estas atribuciones no se encuentran en la Ley Orgánica de la PGR se establecerán mediante acuerdo, lo que hará que esta fiscalía quede en subordinación del titular de la Procuraduría.

Del PAN, el senador Raúl Gracia Guzmán mencionó que hasta que no se transite a la figura del Fiscal General no se tendrá la posibilidad de que dentro de esta estructura el fiscal anticorrupción pueda tener todas las funciones que se desean para su desempeño.