Por: Redacción/

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo impulsados por diputados del GPPRD, para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a informar sobre las recomendaciones realizadas en la cuenta pública 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en relación con Pemex Gas y Petroquímica Básica -actualmente Pemex Transformación Industrial- en el contrato de entrega de gas etano a Pemex Etileno y a Petroleoquímica Mexicana de Vinilo.

Sin embargo, la propuesta impulsada por los diputados Hilda Miranda Miranda, Ivanova Pool Pecha, Jesús Zambrano Grijalva y Julio Saldaña Morán fue modificada por la Tercera Comisión, pues originalmente, los legisladores del Sol Azteca proponían citar al secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell; así como al presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, a fin de explicar las acciones emprendidas en torno del incumplimiento de crear valor económico, por parte de Pemex Transformación Industrial.

En su propuesta, los parlamentarios argumentaron que en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 -entregado a la Cámara de Diputados en febrero pasado- la ASF señaló que uno de los propósitos de la reforma energética era hacer rentable a las empresas paraestatales; sin embargo, esto no se ha cumplido.

Además, alertaron sobre contratos desventajosos para el Estado; por ejemplo, en el caso de Pemex Transformación Industrial, que en materia de gestión financiera del proceso de contratación para el suministro de Etano al complejo petroquímico Etileno XXI, se reveló Pemex incumplió con las disposiciones legales y normativas relativas a la planeación, adjudicación, así como en el suministro, transportación, facturación, cobro, y registro presupuestal y contable.

Los diputados perredistas criticaron que mientras el gobierno federal y sus funcionarios se ufanan de haber impulsado reformas estructurales, nuevas instituciones, leyes y reformas al marco legal, a los ojos de los ciudadanos, las instituciones encargadas de prevenir anomalías son omisas o desvían su atención a temas electorales, haciendo un uso faccioso de la información y persiste el saqueo al erario público y la impunidad sigue rampante.