Por: Redacción

Tras 23 años de estabilidad en la estadística de mortandad entre mujeres jóvenes embarazadas, la pérdida de vidas se ha incrementado, a pesar de que los abortos legales aumentaron en los últimos tres años, es por eso que en el Foro ” Legislación y Políticas Públicas de Protección a la Mujer Embarazada en la Ciudad de México” se analizaron los programas sociales que el gobierno de la Ciudad de México implementa para proteger y ayudar a las jóvenes en ésta situación.

En este escenario, presentado por la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez, experta en temas jurídicos a favor de la vida, y convocado por la diputada Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se dio a conocer que presentará una iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de la mujer embarazada, así como de infantes en etapa de gestación e infancia temprana.

Durante el desarrollo del foro, Ingrid Tapia Gutiérrez opinó que la mortandad de mujeres embarazadas no es causada por la práctica de un aborto, sino que obedece a la deficiencia e inoportunidad de los servicios de salud pública. La ponente calificó de absurdos, ilógicos e incluso ofensivos a los programas que ofrece el gobierno federal a través del seguro por muerte para mujeres embarazadas y el de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de entre 12 y 18 años de edad.

Cuestionó el programa de becas porque, por ejemplo, busca dar apoyo a niñas que se embarazan en la edad en que estudian la primaria con el propósito de que la concluyan, dejando fuera a las jóvenes que se encuentran en esa situación y cursan otros grados de educación básica. Además, Tapia Gutiérrez informó que como resultado de un estudio estadístico, se comprobó que la deserción escolar no es causa de un embarazo temprano, sino que, por el contrario, esta situación ocurre con mayor frecuencia después de abandonar los estudios.

Sugirió que en la Constitución de la Ciudad de México quede establecida una política de salud reproductiva que contemple la educación sexual integral que incluya información de cómo prevenir un embarazo con métodos anticonceptivos y no sólo una instrucción informativa. En cuanto a la iniciativa de ley de la diputada Margarita Martínez Fisher, destacó que está documentada con el comportamiento estadístico de las mujeres embarazadas y las causas de mortandad.

Al hacer uso de la palabra, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Rafael Estrada Michel, sugirió que en el diseño de la Carta Magna de la Ciudad de México, será necesario integrar una normatividad con razonamientos pro persona y pro dignidad a favor de los derechos humanos y la no discriminación.

Aleida Alavez Ruiz, diputada del Partido Morena, señaló que tanto el gobierno como los legisladores no han sido capaces de resolver esta problemática de salud pública e indicó que los programas existentes distan mucho de ser adecuados. En su calidad de habitante de la delegación Iztapalapa, mencionó que esta demarcación es la que presenta el mayor índice de embarazos en adolescentes, a pesar de que los centros de salud ofrecen métodos anticonceptivos.