• La Auditoría comentó que la AMEXCID no llevó a cabo la evaluación anual a la estrategia implementada, la cual tiene el objetivo de apuntalar el desarrollo y reducir los flujos migratorios en la región. Por ello, no se pudo acreditar los avances y la eficacia de este plan en Centroamérica.

Por: Oscar Nogueda/

Los programas sociales, impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han beneficiado a 11 mil 184 personas en El Salvador y Honduras. A pesar de que estos programas buscan atender las causas estructurales de la migración en la región, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que las autoridades mexicanas no acreditaron los avances de estos apoyos ni su eficacia para la atención del objetivo principal.

Los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” forman parte del Plan de Desarrollo Integral (PDI) impulsado por México, Guatemala, Honduras y El Salvador, acompañado por la CEPAL, para atender las causas estructurales de la migración en la región, el crecimiento económico insuficiente y excluyente, los bajos niveles de gasto y protección social per cápita, la masiva incorporación de jóvenes al mercado laboral, la explosiva urbanización y los persistentes rezagos rurales, la alta vulnerabilidad a sequías e inundaciones vinculadas al cambio climático, las violencia crónica, la reunificación familiar, así como la persistente brecha salarial y de productividad con Estados Unidos.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el objetivo de garantizar la formación profesional de jóvenes sin estudios ni trabajo, en un centro laboral público, privado o social. Para ello, se les otorgarán 180 dólares mensuales como apoyo económico. Al término, recibirán una constancia que acredite su formación y habilidades desarrolladas.

A más de un año de la firma de los contratos de donación de recursos entre México, El Salvador y Honduras, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) dio a conocer que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha beneficiado a 2 mil 538 personas en Honduras y a 4 mil en El Salvador.

En el caso de Honduras, la AMEXCID indicó que este programa ha atendido a mil 484 mujeres y mil 54 hombres. Las demarcaciones con más jóvenes registrados son Comayagua con el 53.8 por ciento, Francisco Morazán con el 16 por ciento, Cortés con el 12.8 por ciento, Atlántida con el 5.1 por ciento, Santa Bárbara con el4.3 por ciento y La Paz con el 1.8 por ciento.
“Entre Choluteca, Colón, Copán, Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Olancho, Valle y Yoro concentran poco menos del 1.2 por ciento de los beneficiarios”, señaló la AMEXICID.

Por su parte, en El Salvador, las mujeres beneficiarias ascienden a 2 mil 201, mientras que los hombres a mil 799. La ubicación geográfica del 47.78 por ciento de los registrados es la ciudad de San Salvador, por lo que los otros once departamentos concentran entre el 4 y 5 por ciento de los registrados en dicho programa social.

Por otro lado, el programa Sembrando Vida busca la generación de empleos, incentivar la producción y el autoconsumo de alimentos en las comunidades rurales. Por ello, se le brindará una beca de 250 dólares mensuales, de los cuales 25 dólares se destinan al ahorro de las personas. Al mismo tiempo, se les entrega insumos y herramientas para la producción agrícola.

De acuerdo a la AMEXCID, este apoyo beneficia a un total de 4 mil 646 sembradores entre los dos países. En Honduras, se ha beneficiado a 90 mujeres y 477 hombres, mientras que en El Salvador 2 mil 896 hombres y mil 183 mujeres reciben este apoyo.

Asimismo, el 43.3 por ciento de los beneficiarios en El Salvador se ubican en la localidad de Usulután, el 39.7 por ciento en San Miguel, el 12.7 por ciento en La Unión y el 4.3 por ciento en La Paz. En Honduras, el 81.1 por ciento es de Comayagua y el 18.9 por ciento en Cortés.

Sin evidencia del avance de los programas, ni de su eficacia como instrumento para contribuir en la reducción de la migración: ASF

El principal objetivo del PDI es garantizar el desarrollo sostenible y de oportunidades de manera articulada entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México para atender el fenómeno migratorio y permitir que la migración sea una opción personal en la región.

“El objetivo del Plan de Desarrollo Integral es crear un espacio de desarrollo sostenible y de oportunidades a nivel local de manera articulada entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México, para mejorar la calidad de vida de la población, bajo una visión integral que atienda el ciclo migratorio y permitiendo así que la migración sea una opción y no una obligación. Para ello, el Plan contempla diversas propuestas organizadas en cuatro pilares estratégicos: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático, y gestión integral de ciclo migratorio”, señaló la CEPAL.

Para ello, el gobierno mexicano firmó contratos de donación simple con los gobiernos de Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández por un monto total 62 mil dólares para la implementación de estos programas sociales es sus respectivos países. Además, la AMEXCID se convirtió en la encargada del diseño, supervisión y operación, y para su instrumentación colaboraría con otras dependencias nacionales, ministerios y secretarías de los países beneficiados.

De acuerdo a la Auditoría de Desempeño: 2019-0-05100-07-0013-2020, la AMEXCID actuó como ejecutora de estos proyectos debido a la necesidad de dar una respuesta inmediata a la incapacidad de los centros migratorios para atender el crecimiento del flujo migratorio en el 2019, “el cual, si bien no se había declarado oficialmente como una crisis humanitaria, presentaba muchas características para serlo, lo cual le confería atribuciones de intervención”.

La Agencia mexicana eligió al Banco del Bienestar, como institución financiera intermediaria (IFI), para la dispersión de los recursos económicos de estos programas sociales. Sin embargo, al no tener cobertura en el extranjero, las autoridades mexicanas realizarían los depósitos por medio de bancos corresponsales.

Al respecto, la ASF indicó que este mecanismo implicaría un gasto doble de administración debido a que el Banco del Bienestar podría cobrar comisiones por concepto de administración, asistencia técnica o supervisión. En su lugar, los bancos corresponsales podrían cobrar comisiones por la emisión de las tarjetas de débito de los beneficiarios y por cada dispersión de recursos a éstos

“La decisión de contar con una IFI y un banco corresponsal implica gastos de administración dobles, debido a que, la primera, puede cobrar comisiones o contraprestaciones al Fideicomiso por concepto de administración, asistencia técnica o supervisión; mientras que, los segundos, podrán cobrar comisiones por la emisión de las tarjetas de débito de los beneficiarios y por cada dispersión de recursos a éstos, por lo que resulta conveniente analizar si dicha forma de canalización de recursos es la más conveniente o si podría determinarse un nuevo mecanismo que permita reducir los costos”, señaló la ASF.

En su respuesta la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó que, el contar con una institución financiera intermediaría, permitiría una mejor comunicación con los bancos receptores, así como un mejor control de los recursos organizados.

“Respecto del señalamiento de los entes fiscalizados, si bien señalaron cuáles son las ventajas de contar con una IFI y un banco corresponsal, no lo acreditó y tampoco la imposibilidad de BANCOMEXT, S.N.C., para fungir como intermediario financiero, por lo que persistió lo observado”, mencionó la ASF.

Por otro lado, la Auditoría apuntó que la Agencia Mexicana suscribió convenios de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría del Bienestar, con el objetivo de fortalecer y compartir experiencias de los programas sociales mexicanos con El Salvador y Honduras. A pesar de ello, el órgano fiscalizador subrayó que no se definieron acciones específicas para llevar a cabo estas acciones con los países beneficiarios.

“En dichos documentos se establece la posibilidad de elaborar anexos técnicos o convenios específicos de colaboración, coordinación o concertación de acciones con las actividades por realizar, los calendarios, lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces, recursos técnicos, estrategias, presupuestos y fuentes de financiamiento. Sin embargo, al establecerse solo como posibilidad no se definieron las acciones específicas para el fortalecimiento de los programas de El Salvador y Honduras, ni para la transmisión de conocimientos por parte de las dependencias referidas”, apuntó la ASF.

En el 2019, la AMEXCID reportó que la implementación de estos planes comenzó con la identificación de la ubicación geográfica, con el empadronamiento y con la identificación y establecimiento de las necesidades para su operación. En el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el órgano desconcentrado externó que inició con el 60 por ciento de las actividades previstas en la ficha técnica, es decir se elaboraron los lineamientos de operación, se identificó a las empresas que pudieran participar en la implementación del programa y se inició con el empadronamiento de aspirantes a formar parte de los programas.

Por otro lado, el reporte de la Auditoría puntualizó que la AMEXCID no proporcionó la documentación que permitiera acreditar los avances en todas las actividades señaladas, ya que no se contó con la evidencia referente al inició de la identificación y establecimiento de necesidades y ,sobre el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, no se acreditó la identificación de empresas para participar en la instrumentación del proyecto, ni sobre los mecanismos de control que la Agencia tiene al respecto de estas actividades.

Igualmente, la agencia otorgó el Informe de seguimiento y supervisión elaborado por la AMEXCID y del Informe de movimiento de recursos elaborado por el Banco del Bienestar, lo cuales dan cuenta sobre las acciones y la dispersión de recursos económicos para los programas implementados en los países centroamericanos, no obstante, la ASF subrayó que estos documentos no reportan resultados sobre la eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad de los proyectos apoyados, ni sobre el cumplimiento de los objetivos y fines, y del avance en la atención de la problemática original.

“Respecto de los programas en el extranjero, aun cuando en los programas referidos la AMEXCID estimó beneficiar hasta 10 mil sujetos agrarios y hasta 10 mil jóvenes entre 18 y 29 años, que no tuvieran trabajo ni estudios, respectivamente, tanto en El Salvador como en Honduras, en ese año no hubo beneficiados, debido a que, al cierre de 2019, los recursos se encontraron en el Banco del Bienestar, S.N.C., por lo que no se inició con la ejecución de los programas”, puntualizó la ASF.

En síntesis, la Auditoría sostuvo que la AMEXCID no otorgó los documentos necesarios para acreditar los avances de las actividades establecidas en las fichas técnicas. Asimismo apuntó que la Agencia no brindó información sobre los mecanismos de control para documentar dichas acciones, así como no definió medidas para dar seguimiento a los programas sociales.
Por lo anterior, la ASF subrayó que “no se acreditó el avance de todas las actividades efectuadas en 2019 para la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras”.

La Auditoría comentó que la AMEXCID no llevó a cabo la evaluación anual a la estrategia implementada, la cual tiene el objetivo de apuntalar el desarrollo y reducir los flujos migratorios en la región. Por ello, no se pudo acreditar los avances y la eficacia de este plan en Centroamérica.

“No se contó con elementos que permitieran acreditar los beneficios de los apoyos financieros otorgados, ni los avances en el cumplimiento de la finalidad de la Estrategia, para valorar su eficacia como instrumento para contribuir en el desarrollo económico, social e institucional de las regiones de Mesoamérica y el Caribe, así como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y la consolidación de relaciones sobre bases mutuamente provechosas, para coadyuvar, entre otros aspectos, en la reducción de la migración”, finalizó la ASF.