• La ONG refirió que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo siguen siendo víctimas del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades mexicanas.

Por: Oscar Nogueda/

En la presentación del informe 2020/21: la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la existencia de  casos de tortura y malos tratos en el país, así como las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.

De acuerdo a AI, las investigaciones sobre casos de tortura son “generalmente defectuosos”, además los presuntos responsables de estos hechos no compadecieron ante la justicia mexicana. Al mismo tiempo, la organización subrayó que “el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aún no se había hecho público al concluir el año pasado”.

En ese sentido, la organización resaltó la condena de siete años a dos policiales del Estado de México  por uso de la tortura para obtener confesiones falsas  de mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en el 2014.

Asimismo, reconoció la absolución de Mónica Esparza, sobreviviente de tortura sexual, quien fue detenida y tortura por  la policía de Torreón. Después de siete años de su detención, Esparza fue  absuelta de las confesiones falsadas  obtenidas por tortura, sin embargo, ningún agente policíaco fue acusado de los ilícitos que sufrido.

“Adrián Vásquez Lagunes no había obtenido reparación del estado de Baja California, pese a una decisión de 2015 de la que entonces era la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California que establecía que debía ser indemnizado por haber sido torturado por la policía de Tijuana en 2012. Adrián contrajo la COVID-19 en junio y tuvo que afrontar la enfermedad en una situación económica precaria y prácticamente sin apoyo del Estado”, externó AI.

Por otro lado, la ONG refirió que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo siguen siendo víctimas del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades mexicanas. Al mismo tiempo, enfrentan secuestros, agresiones y homicidios por parte  de grupos criminales.

“En enero, los agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Asimismo, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula. También en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique”, externó AI.

Entre abril y finales del años pasado, organizaciones civiles nacionales  solicitaron al Poder Judicial que ordenará al INM liberar a las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias debido al riesgo de contagios de Covid-19. Por ello, un juez federal de Ciudad de México resolvió a favor de los activistas, no obstante,  las autoridades migratorias mantuvieron las detenciones de migrantes en el país.

Sumado a ello, AI sostuvo que el INM brindó poca información sobre las liberaciones de personas migrantes de las Estaciones migratorias durante la  contingencia sanitaria. Además, manifestó su preocupación por la probable existencia de deportaciones en este contexto.

“Las autoridades migratorias detuvieron a 87 mil 260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11 mil  menores de edad, y deportaron a 53 mil 891 personas, lo que representaba una disminución respecto a 2019. La inmensa mayoría de las personas deportadas procedían de Centroamérica”, apuntó AI.

Por último, el informe detalla que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 41 mil 227 solicitudes de asilo durante el año pasado. Los principales  solicitantes de asilo procedieron de Honduras, Haití, Cuba y El Salvador.