Por: Redacción/

El fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la llamada Ley Bonilla es positivo y significativo, debido a que la iniciativa de reforma del Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gobierno en la entidad representaba un atropello al derecho al voto libre, secreto y directo de los ciudadanos, afirmó el doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La argumentación y el procedimiento que recayó en el ministro José Fernando Franco González Salas fue puntual para desmontar los alegatos, al considerar que la pretendida extensión del mandato de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años vulneraba el principio de certeza.

El especialista del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa explicó que este caso afecta la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al haberlo avalado, “porque la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo tiene facultades para presentar recursos de inconstitucionalidad, observaciones a actos de esa naturaleza que podrían aprobar reelecciones” o aumento del tiempo en el cargo.

El mandatario tiene la prerrogativa y la obligación de cuidar la armonía en el cumplimiento de la Carta Magna y el orden jurídico, “pero lamentablemente fue omiso ante esta situación y al parecer tuvo un prurito de respeto al federalismo, pero sentó un buen antecedente, de tal suerte que en el futuro valore acciones en ese sentido”, ya que si la intentona hubiera progresado, tal vez otros funcionarios se habrían tentado a promover ordenamientos en el mismo sentido o para reducir futuras gestiones cuando percibieran la imposibilidad de sus partidos o grupos de continuar al frente de la administración estatal.

La intención emprendida en Baja California era peligrosa, porque alteraba la certidumbre en la renovación de los poderes.

La ciudadanía fue convocada para votar por una gestión de dos años, pero después el Congreso saliente aprobó la reforma, “aunque Bonilla Valdez declaró que no tuvo injerencia alguna en esa decisión, lo que tiene una lectura por demás inocente, pues fue clara la compra de apoyos de los legisladores de oposición”.

Un segundo argumento de defensa del gobernador es que desconocía que participaba en un proceso para estar al frente del Ejecutivo local por dos años, sin embargo, “aunque no estuviera en la legislación electoral o en la convocatoria, la Constitución señala con claridad” los dos años.

Alarcón Olguín indicó que en este caso, el principio jurídico básico plantea que “la ignorancia de la norma no te sustrae de acatarla” y que la intención del mandatario de Baja California y su equipo jurídico era extinguir la vigencia de la norma por haber tomado posesión.

Pero el hecho no era irreparable, en función de que los dos años no se habían cumplido y sólo sería irremediable si el fallo de la Corte hubiera llegado después de concluida la gestión, en octubre de 2021, por lo que el máximo órgano de justicia estaba en tiempo y forma para conocer y pronunciarse sobre el tema, ya que la condición de irreparabilidad por haber tomado posesión y la Constitución vigente no se acredita.

Con la Ley Bonilla se pretendía un fraude a la legalidad, por lo que debe evitarse aprobar reformas a modo para un beneficio personal, argumentó el ministro González Salas.

El gobernador ganó la elección y eso nadie lo pone en duda, pero ahora califica el fallo de la Corte de venganza política por las críticas que ha formulado al trabajo del doctor Hugo López-Gatell Ramírez en el manejo de la pandemia, señaló el investigador del Área de Procesos Políticos de la UAM.

“En el entorno del grupo político algo no funcionó o Bonilla Valdez jugó por la libre para hacerse su reforma a modo o bien hay un distanciamiento muy puntual con López Obrador por la pandemia”, ya que el propio partido que lo postuló, (Movimiento Regeneración Nacional-MORENA) en ningún momento manifestó su apoyo, es decir, “en términos del control de daños sale bien librado del problema”.

Ahora el asunto radica en la capacidad del instituto político para retener la gubernatura y “veremos si Bonilla Valdez tiene la intención de mantenerse en la disciplina partidista, aunque no sorprendería que jugara por el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero si la ruptura se ahondara podría quizá alejarse” de MORENA, concluyó el especialista en partidos políticos e instituciones en México.