• Las familias dudan que los restos entregados correspondan a sus familiares. Por ello, las víctimas de Guatemala  solicitaron la exhumación de los cuerpos para reiniciar el proceso de identificación.

Por: Oscar Nogueda/

Después de 10 años  de la masacre de 72 migrantes- 58 hombres y 14 mujeres- en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Las autoridades mexicanas han detenido a 15 presuntos culpables, sin embargo, no hay ninguna condena por estos hechos.

“Al no haber ninguna persona sentenciada a 10 años de la masacre de San Fernando se sigue mandando el mensaje de que la violencia contra la personas migrantes está permitida. En México se cometen crímenes de lesa humanidad, la masacre de 72 migrantes fue una masacre anunciada y no prevenida por el gobierno”, mencionó Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Activista y víctimas de los 72 migrantes destacaron que se han suspendido las investigaciones ministeriales sobre estos hechos, además manifestaron que desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la administración actual, las autoridades mexicanas han mantenido una maquinaria de impunidad en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es muy importante el tema de la línea financiera, que no está investigada ¿para que los quería? ¿Por qué los mataron? y ¿qué hay detrás de todo el tema de tráfico de personas? Es necesario construir el contexto de Tamaulipas, el contexto sociopolítico  y de crimen organizado para poder entender la masacre de los 72 y otros casos de macrocriminalidad en la región”, destacó Lorena Delgadillo.

Ana Enamorado, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, comentó que hay poca voluntad política del Gobierno mexicano para atender esta masacre, así como para abordar las necesidades de las personas migrantes.

Otro aspecto señalado por los deudos, es la poca investigación sobre el probable involucramiento de agentes del Estado mexicano en estos hechos, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó 9 mil secuestros de migrantes con la participación de elementos de seguridad del país.

Por otro lado, los familiares de las víctimas sostuvieron que los procesos de identificación y repatriación de los migrantes asesinados se dieron sin documentación que sustentará su identificación. Ante esta situación, las familias dudan que los restos entregados correspondan a sus familiares. Por ello, las víctimas de Guatemala  solicitaron la exhumación de los cuerpos para reiniciar el proceso de identificación.

“En su momento hubo entregas erróneas de cuerpos  las familias de los 72 migrantes, los procesos de identificación y repatriación de las víctimas se dieron sin mayores explicaciones a las familias ni documentación. Familias de Guatemala tienen dudas sobre los restos recibidos, han pedido que sean exhumados para que peritos de su confianza a través de la Comisión  Forense puedan realizar el proceso de identificación, eso aún está pendiente”, sentenció Lorena Delgadillo.

Angela Pineda Lacan, familiar de tres víctimas, relató que “Cuando llamaron de Relaciones exteriores, sólo nos dijeron de que sí estaban allí los cuerpos de Mayra, de Richard, Efraín y que podíamos ir, que habían unas identificaciones allí que por medio de esos podíamos reconocer a nuestros familiares. Luego nos unimos toda la familia y viajamos a la ciudad capital. Allá nos enseñaron unas fotos y que con eso identificáramos. Yo no reconocí a mi hija pero mi hermano, quien me acompaño, me dijo que no era ella, que las fotos no daban nada claro. Entregándonos las cajas nos dijo el hombre que no había derecho de abrir las cajas, que era prohibido por la ley, que si alguien abría la caja se iba a ir preso”.

Por ello,  la FJEDD solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención  a Víctimas (CEAV) para brindar medidas de asistencia y reparación  para las familias de los 72 migrantes, quienes desde hace 10 años no cuentan con ninguna de estas medidas debido a su exclusión del sistema de atención de víctimas.

Asimismo, llamaron a las autoridades conformar una Comisión Mixta de investigación que cuenta con la participación de la FGR, la Secretaría de Gobernación, la academia y los familiares de las víctimas para contar con  los recursos humanos y materiales para garantizar avances en la investigación.

Jonhi Hernandez Cerrato familiar de Eva  Nohemí puntualizó que “la forma de trabajo de investigar hasta ahorita no sirve, en 10 años no hay sentencias, no se ha investigado nada, ¿cómo están los procesos penales? La Unidad Mixta de Investigación debe formalizarse ya”.

SOLIDARIDAD Y LLAMADOS INTERNACIONALES

El día de ayer, el Papa Francisco manifestó su solidaridad con las familias de los 72 migrantes asesinados en San Fernando Tamaulipas y destacó que los migrantes caídos son víctimas de la “cultura del descarte”.

Por su parte, las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) de México, Honduras, la oficina regional para América Central y República Dominicana instaron a los Gobiernos de El Salvador, Honduras y México para intensificar los  esfuerzos de investigación de este hecho con la participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.

La ONU-DH  reconoció los avances  de las autoridades mexicanas  para investigar los delitos contra las personas migrantes, así como la búsqueda de personas en contexto de movilidad desaparecidas y los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos y  del mexicano en los procesos de repatriación de restos de migrantes.

A pesar de ello, la Oficina regional exhortó a los estados redoblar esfuerzos para atender los reclamos de los Comités de familiares de personas migrantes desaparecidas, a retomar los compromisos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Igualmente, sostuvo que es necesario reforzar las acciones dedicadas a la identificación y repatriación de migrantes fallecidos a sus países de origen.

Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, exhortó  a Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, y a Alexandra Hill, Canciller, asumir el liderazgo con los países de la región para generar mecanismo de articulación interinstitucional al interior de cada gobierno  para resguardar los derechos humanos de las personas migrantes.

Jordán Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, llamó a las autoridades a sumar acciones para llevar a los responsables ante la justicia y llevar a cabo acciones para la no repetición de estos hechos.

“Dediquemos todo este año que viene para nuestra lucha, a favor de la justicia, a las autoridades ya les hemos repetido que es inhumano que tengamos una migración que la contemos por exterminio”, finalizó sacerdote Pedro Pantoja.