Por: César Dorado/ 

Después de que se anunciara que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) enfrentará un recorte presupuestal de hasta el 75% en gastos de operación– misma situación que pone en riesgo el patrimonio de México, siendo este el sexto lugar a nivel mundial con más Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO- diversos investigadores y académicos han señalado que esta situación representa un estado crítico para el sector científico, artístico y cultural.

El académico Antonio García León afirmó que bajo este panorama “no existe ninguna política pública para el sector cultural” y que la emergencia sanitaria por Covid-19–  que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a decretar el 23 de abril de 2020 que “no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros”- es sólo un pretexto que “ha afectado a todos los sectores”, agregando que en el caso del INAH “se trata de una institución pionera, que no merece el trato despectivo y sordo que se le está dando” y que al recortar el 75% de sus recursos, restan cualquier posibilidad de ejercer su trabajo “independientemente de la retórica que justifique esta acción”.

Fotografía: Segob

Fotografía: Segob

Desde hace semanas, los trabajadores del instituto han manifestado su inconformidad, pues está en juego el trabajo de cientos de ellos que dan mantenimiento y se esfuerzan para la conservación de 162 museos y 194 zonas arqueológicas responsabilidad del INAH. El pasado lunes ocho de junio, investigadores y trabajadores acudieron a Palacio Nacional a entregar al presidente y al Secretario de Hacienda y Crédito Público una carta con más de 6 mil firmas que se oponen al recorte presupuestal, sin embargo, Presidencia se negó a recibir el documento, afirmó el antropólogo Bolfy Cottom.

Por su parte, Diego Prieto, director del INAH confirmó que esta semana tuvo una reunión con Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura y afirma que “nadie va a perder su empleo” y que no se interrumpirán tareas como el mantenimiento, la atención a riesgos sobre bienes culturales y otras actividades.

En contraparte, la Secretaría de Cultura emitió el comunicado “La cultura es el centro de la transformación social” (https://bit.ly/2XThHGT), en donde confirma como primer punto que “Las actividades sustantivas de todo el sector no se verán afectadas con los reajustes presupuestarios” y que, en lo particular, tanto “becas, estímulos a la creación e investigación, entre otras actividades, son elementos garantizados”.

Dentro del comunicado también se plantea que, debido a la emergencia sanitaria, las instituciones han tenido que ponerse a pensar de manera diferente pues “la Nueva Normalidad mundial nos reta a imaginar nuevos modelos de interacción entre los creadores y artistas con el Estado” agregando que las industrias culturales “también tendrán que repensar sus dinámicas y revisar cada uno de los eslabones que conforman sus cadenas de valor”.

Otro punto a destacar en el texto es que la secretaria afirma que el gobierno de la cuarta transformación, a través de la reivindicación de las responsabilidades de las instituciones públicas, “ha reiterado su apoyo a la cultura de manera constante, responsable, dialogal y transparente”. Sin embargo, desde inicios de la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador el sector cultural ha sido uno de los más golpeados por sus políticas de austeridad, pese a que “Desde el inicio de la presente administración se ha hecho énfasis en el papel central de la cultura para la transformación social”.

La cultura en tiempos de transformación

Desde inicios del año pasado, el sector cultural ha luchado para que se le asigne un presupuesto justo. En 2019, después de que se presentará el Presupuesto de Egresos que revelaba una reducción de mil millones de pesos en comparación al de 2018, diversos personajes de la comunidad artística manifestaron su descontento y, al llegar a un acuerdo, el presupuesto logró tener un aumento, quedando en 12 mil 894 millones de pesos.

La respuesta del gobierno federal es que la reducción se da debido al plan de austeridad, pues se habían eliminado funciones duplicadas, suspendiendo compras de materiales y suministros, a la par de que se retiraron privilegios a altos funcionarios. Igualmente, a inicios de 2019, personal del Fonca, la Biblioteca Vasconcelos, el INAH y el INBAL fue despedida, muchos de esos trabajadores, que trabajaban por honorarios, quedaron fuera del amparo de la Ley Federal del Trabajo y su situación se agravó pues, asignados al llamado capítulo 1000, se les anularon sus contratos.

Bajo la promesa de que existirían mejores sueldos “se les empleó” no en el rubro de recursos humanos, sino en el de materiales donde, claramente, no laboran como prestadores de servicios, no tienen prestaciones sociales de ningún tipo, entre las que destaca el negarles el registro al ISSSTE.

La problemática sobre cuestiones de presupuesto también se vio refleja el 14 de junio del año pasado, cuando trabajadores de la Secretaría de Cultura e integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) bloquearon la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma con motivo de una manifestación que se oponía al establecer una mesa de negociación con autoridades de la Secretaria de Cultura, Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Para febrero, las cosas se hicieron tensas en la Biblioteca José Vasconcelos, cuando Daniel Goldin y su equipo decidieron renunciar por, de acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaria de Cultura y firmado por Marx Arriega, Director General de Bibliotecas, “desacuerdos en el manejo del personal”.

Fotografía: Twitter @MarxArriaga

Fotografía: Twitter @MarxArriaga

Para ello, el editor bibliotecario y escritor afirmó en un comunicado que “En este momento en el que he elegido guardar silencio para dejar que hablen otros y concentrarme en el cierre administrativo de mi gestión, hago lo propio al anuncia que no está en mi horizonte retornar a la dirección de la Biblioteca Vasconcelos”.

A principios de este año, de acuerdo a una investigación del periódico Excelsior, la Secretaría “retraso el pago a artistas, talleristas y creadores hasta el 20 de febrero, porque la empresa que subcontrató, Viajes Premier, no ha recibido el total de los recursos” dejando pendientes hasta 2 mil pagos.

En este contexto, en redes sociales se puede ver una fuerte solidaridad con los trabajadores del INAH, incluso, se generó una petición “En defensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)”.

Fotografía: Especial

Fotografía: Especial

Antropólogos y demás especialistas han comentado que el decreto representa un hecho dramático pues “los efectos adversos a mediano y largo plazo costarán mucho más que el ahorro que pueda generar el Estado”.