Por: César Dorado/

El nuevo gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y la Comisión Permanente del Congreso prometieron investigar el caso del Museo Internacional del Barroco, museo construido en 2016 al que, de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación en el análisis de la cuenta pública 2015, registró una serie de anomalías en la contraprestación pactada que excedió el monto estipulado en los inicios de obra.

Al igual que el MUNET (Museo Nacional de Energía y Tecnología), al MIB se le destinaron recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con un monto de 500 millones de pesos. Hasta ahora, el caso sigue causando revuelo, pues se registran gastos de altos en mantenimiento y la construcción misma del recinto.

Construido por el arquitecto ganador del premio Pritzker,Toyo Ito, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, el Museo Internacional del Barroco registra en su arquitectura los elementos puros del arte barroco, tales como el movimiento, la luz natural como claroscuro, pero con una idea más modernista que se adapta al estilo de otros museos internacionales, conviviendo con otros edificios ostentosos como el campus local del Tecnológico de Monterrey, el complejo cultural de la BUAP y el centro comercial Angelópolis.

Y aunque ante los ojos de los espectadores podría resultar uno de los recintos más bellos del estado, los cuestionamientos sobre la estructura de financiamiento que generará pagos del erario público de 26 millones de pesos mensuales durante más de dos décadas y sobre el detrimento que el acervo de otros museos sufrió a favor del MIB son un caso de ser investigados a fondo durante la administración del nuevo gobernador de la entidad.

El MIB es financiado bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)- que consiste en ceder la construcción y el mantenimiento de la obra pública a una empresa privada, misma que recibirá un pago mensual del gobierno por su trabajo- y participaron las empresas La Peninsular Compañía Constructora SA de CV, Operadora y Administración Técnica SA de CV, Promotora de Cultura Yaxche SA de CV y Concretos y Obra Civil de Pacifico SA de CV.

El proyecto ganó la licitación SFA-CP-APP-2014/002, después de la primera licitación no resultara satisfactoria para las partes, por lo que la Secretaria de Educación Pública estatal pagara un total de 6 mil 276 millones 66 mil 664 pesos (sin IVA) en 23 años y tres meses. Y aunque las críticas se mantuvieron desde su comienzo, el gobierno de Puebla se mantuvo firme en responder que los PPS no representaban ninguna deuda pública.

De acuerdo al diario Reforma, el gobierno de Moreno Valle había comprometió los ingresos estatales por impuesto sobre la nómina a un fideicomiso durante los próximos 50 años, y serían manejados por la empresa Evercore, quien abonaría los pagos mensuales generados por todos los proyectos de obra pública financiados por PPS.

Uno de los problemas que representa este tipo de fideicomiso es que no se prestan a la fiscalización, lo que significa que una vez aceptado el contrato no existe herramienta legal que permita saber el destino y uso de dichos recursos, a pesar de que provengan del erario público. Ahora, con el nuevo gobierno, es pertinente que el gobierno en turno revele la información que la anterior administración resguardó, impidiendo el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas.