Por: Redacción/

La justicia asimétrica que ha persistido en México por la prevalencia masculina en cargos institucionales –que emiten opiniones legislativas en torno a obligaciones que la tradición ha atribuido a la mujer– ha ocasionado un aumento de agresiones contra ese sector de la sociedad y normalizado conductas tóxicas: celos, control, violación, tráfico de personas u homicidios, señala la doctora Aleida Azamar Alonso.

La académica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sostuvo que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 2016 en el país 45 por ciento de las mujeres fue afectada por algún tipo de violencia de género, aunque la prevalencia nacional es que al menos 66 por ciento de las connacionales fue agredida.

En el artículo México, violencia de género y homicidios, la investigadora advierte que 43 por ciento de los criminales fue identificado como la pareja emocional, el porcentaje se eleva hasta 47 por ciento si se trata de relaciones de menores de edad y en el caso de las mujeres divorciadas el riesgo casi se duplica alcanzando 72 por ciento, aunque dicha medida se calculó para el año 2012, por lo que puede ser más elevada en la actualidad.

La docente del Departamento de Producción Económica dijo que desde 2007 se había observado que el índice de homicidios dolosos contra las mujeres había experimentado un descenso constante, al igual que en los cometidos contra varones, pero que luego comenzó a elevarse en 2008, pasando de un promedio nacional de entre uno y dos por cada cien mil habitantes a 33 en Chihuahua en 2010 y 17 en Colima en 2016.

Azamar Alonso refiere que lo anterior corresponde al marco de la guerra contra el crimen organizado desatado tras la estrategia política emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2007 y, por otro lado, indica que la problemática se acentuó en 29 estados y, aunque con algunas variaciones, sugiere una probable estrategia de terror, sometimiento u otros intereses.

No obstante, la autora no descarta que el fenómeno también forme parte del riesgo global al que se enfrentan todas, ya que al realizar un comparativo entre naciones identificó, por ejemplo, que Guatemala es una de las más violentas del mundo, con una tasa de feminicidio de 2.5, al igual que El Salvador y Honduras.

Sobre lo anterior apunta que, si bien, la discusión política en varios países de Latinoamérica se ha pronunciado en favor de las familias no tradicionales, así como a la despenalización del aborto o el debate en torno a la legalización de algunas drogas, en realidad la protección a los derechos humanos de grupos marginados por cuestiones de género sigue manteniéndose como una tarea pendiente.

Ante esa realidad propone en primera instancia reconocer las dificultades históricas que ciertos individuos poseen debido a su género, raza y condición económica y sexual a causa de la asignación de roles realizada desde lo social para hombres y mujeres, lo que provoca una severa desigualdad.

La invisibilización de las mujeres se da a partir del establecimiento de múltiples responsabilidades que se predeterminan como propias, entre ellas el cuidado del hogar y la responsabilidad de la crianza de los hijos, es decir, la dinámica de trabajo de ellas se multiplica a medida que se profundiza en las labores que “les son naturales”.

Ese comportamiento generalizado la coloca en total codependencia del sexo masculino, lo cual se hace patente cuando se entrega a la maternidad y abandona toda ambición personal, dejando la carga económica al hombre, quien se convierte en una figura de superioridad económica y, por lo tanto, minimiza el valor de sus labores.

De este modo se constituye una suerte de justicia asimétrica persistente a través del tiempo, un elemento que debe modificarse urgentemente desde lo cultural a partir de lo que se concibe en el ambiente familiar, con el fin de construir un México más incluyente que evite cualquier tipo de discriminación y, en consecuencia, disminuya la inseguridad.