La Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen, la iniciativa de decreto que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

También reforma las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.

Esta iniciativa, que el Ejecutivo federal envió el pasado lunes a la Comisión Permanente, reglamenta la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de mayo.

En el artículo 73 de esa reforma constitucional se consigna que el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamientos.

Asimismo, para fijar los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno puedan afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.

También, respecto a la obligación de estados y municipios de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente, en un registro público único, así como un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento de dichos entes públicos.

La posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios y las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones, figuran entre esas facultades.

Se pretende establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas y los municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero.

Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas locales, para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y municipios.

El documento del Ejecutivo destaca que, “a pesar de no presentar un riesgo sistémico y de haberse contenido el ritmo de crecimiento de la deuda en los últimos dos años, se ha observado que algunas entidades federativas y municipios presentan un alto nivel de endeudamiento”.

Subraya que la presente iniciativa busca lograr su objetivo mediante cinco componentes principales:

1.- Reglas de Disciplina Financiera, que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas, mediante principios de responsabilidad hacendaria;

2.- Sistema de Alertas, vinculado a los niveles de endeudamiento, de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez, que permita una detección oportuna de riesgo en el endeudamiento de los entes públicos;

3.- Contratación de Financiamiento y Obligaciones, bajo principios de transparencia y eficiencia, de forma que su contratación se realice al menor costo financiero y destinando los recursos obtenidos a inversión pública;

4.- Deuda Estatal Garantizada, a través de la cual la Federación, de acuerdo a la autorización constitucional, otorgará su aval con el único objetivo de apoyar a los estados y los municipios para reducir la tasa de interés de sus créditos. Lo anterior, a cambio de generar convenios de disciplina financiera; y,

5.- Registro Público Único, para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales.