El Senado de la República firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la comunidad académica y asociaciones civiles para crear la legislación sobre ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la Mesa Directiva, senador Roberto Gil Zuarth, dijo que los ciberdelitos contra los niños y adolescentes son una realidad que afecta su desarrollo; al tiempo que advirtió que existe una dificultad técnica para establecer una política criminal en un fenómeno que es cambiante y con potenciales infinitas en el internet.

“Encontrar un equilibrio de política criminal en esa realidad tan dúctil es un verdadero desafío, y creo que se ha encontrado un modelo que nos permita abrir la discusión y entrar a definiciones para construir un marco normativo que evite daños y riesgos, y que vele por el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, subrayó.

La senadora Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables de ser víctimas de ciberdelitos, y aún no existe una legislación que los pueda proteger de la mejor manera.

Por ello, se congratuló por la firma del convenio que, subrayó, es resultado de más de dos años investigación, y constituye un parteaguas para debatir y legislar sobre uno de los delitos más dolorosos y anónimos que se cometen en el país.

Ciro Humberto Ortiz Estrada, titular de la División Científica de la Policía Federal, dijo que esta corporación, a través de la División a su cargo, está consciente de que todo esfuerzo legislativo en materia de delitos cibernéticos es necesario e importante para proteger a la sociedad de México, y en particular a favor de la infancia.

Dijo que la creación de una ley permitirá impulsar acciones de prevención de delitos electrónicos y sancionar a los responsables de conductas que atenten contra menores, para garantizar las condiciones óptimas para el aprovechamiento del internet y de las nuevas tecnologías.

Alfredo Reyes Krafft, presidente de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), detalló que sólo 20 por ciento de niños y adolescentes navegan a la vista de sus padres, y uno de cada cinco menores de edad es contactado por un predador o un pedófilo, y de éstos, solamente el 25 por ciento lo cuenta a sus papás.

Renato Hernandez Loustalot Laclette, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que el Estado ha tenido poca capacidad para inhibir conductas que son generadoras de riesgos para niñas, niños y adolescentes.

Detalló que la propuesta de ley asume el criterio que para juzgar delitos ciberdelitos se asume un enfoque victimal y garantista, y por lo tanto, la construcción de la misma está definida hacia la valoración de casos y a los efectos de la consecuencia jurídica en términos de cómo debe valorarse una situación delictiva en internet.

Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la firma de la carta de intención que hoy se suscribió recoge de manera privilegiada la protección de los derechos humanos, pero también la eficiencia en materia de persecución del delito.

El acelerado desarrollo de los medios cibernéticos de comunicación y el almacenamiento de la información ha dado lugar a importantes espacios que es necesario, desde la estructura normativa, poder proteger de áreas de impunidad; por lo que es necesario que su persecución pueda ser precisada a partir de mecanismos como el que hoy fue suscrito, comentó.

A la firma del convenio también asistieron los senadores Martha Elena García, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Jorge Aréchiga, del Grupo Parlamentario del PVEM; y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo Parlamentario del PRD.