Por: Redacción

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) buscar y dar a conocer los nombres de los 50 ayuntamientos con el mayor número de homicidios dolosos en el país, considerados en la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios.

Asimismo, deberá informar de las acciones previstas para reducir ese tipo de delito y las autoridades participantes en la estrategia; y respecto del estado de Jalisco, las actas derivadas de las reuniones realizadas entre autoridades, así como el número de bases de operaciones mixtas involucradas y desglosadas por ayuntamiento.

En relación a la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios, creada con el propósito de reducir la incidencia de homicidios dolosos en los ayuntamientos del país; una particular solicitó: el nombre de los 50 municipios contemplados, el diagnóstico de cada uno de ellos, las autoridades involucradas, y las acciones realizadas por la SEDENA en ese marco de actuación.

Sobre la aplicación de la estrategia en el estado de Jalisco requirió: las actas de las reuniones efectuadas entre las autoridades; el número de bases de operaciones mixtas implicadas, desglosado por municipio; y la cantidad de efectivos de cada una de ellas.

En respuesta, el sujeto obligado indicó que no localizó ningún documento referente a los primeros puntos petitorios, porque solo coadyuva con las autoridades civiles participantes a petición expresa; y orientó a la solicitante a dirigirse a la Secretaria de Gobernación, por ser la instancia responsable de las Políticas de Seguridad Pública del país.

Respecto al número de efectivos desplegados en Jalisco, la SEDENA manifestó que dicho dato estaba reservado por cinco años, pues su difusión vulneraría las acciones realizadas en contra de la delincuencia organizada, proporcionando la resolución en donde se confirma la clasificación invocada.

Inconforme, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, mientras que, en vía de alegatos, la dependencia reiteró su contestación inicial.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Areli Cano Guadiana, expuso que el registro de homicidios dolosos se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, ya que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2006 se reportaron más de 11 mil casos, mientras que a finales de 2016 la cantidad se duplicó, llegando casi a los 21 mil reportes; precisando que en los últimos 15 años, la cifra ha superado las 251 mil defunciones en este rubro.

La comisionada Cano Guadiana señaló que esta problemática ha llegado a tales niveles que, en agosto del año pasado, en el marco de la XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo Federal anunció cinco medidas dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta institucional a las demandas de la sociedad en materia de seguridad, entre ellas una enfocada a atender el incremento de homicidios dolosos.

Por esta razón, puntualizó que el presidente de la República “instruyó al Gabinete de Seguridad, en el cual participan las Fuerzas Armadas, para que en estrecha coordinación con las autoridades locales pusieran en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de registros de este delito”.

Bajo este contexto, al analizar la declaración de inexistencia invocada por la SEDENA, se determinó que pese a seguir el procedimiento de búsqueda previsto en la ley, al turnar la solicitud al Estado Mayor, otras unidades administrativas podrían contar con lo peticionado.

Además, el criterio utilizado no brinda certidumbre, pues la dependencia justificó la inexistencia en una cuestión de incompetencia, cuando ambas figuras son de naturaleza diversa. Esta última, explicó la comisionada Cano, supone la carencia de atribuciones para conocer de la solicitud, mientras que la inexistencia supone que sí se cuenta con ellas, pero la información no se encuentra en los archivos.

En cuanto al número de efectivos de cada Base de Operaciones Mixtas, se analizó la clasificación, y se constató que los militares actúan en las demarcaciones en que se dividen las entidades de la República, es decir, su ámbito de despliegue se ve reducido a una porción territorial y a un fin determinado.

Por consiguiente, se determinó que la difusión del número de efectivos involucrados en la implementación de la multicitada estrategia, podría ser de utilidad de los probables delincuentes, permitiéndoles anticiparse y limitar la efectividad de la actuación de las autoridades, motivo por el cual resulta procedente la causal de reserva invocada.

“Nuestro país vive condiciones complejas en materia de seguridad. Ello requiere de respuestas institucionales inmediatas y contundentes, pero también reclama la mayor transparencia sobre las acciones implementadas a fin de que la sociedad esté en condiciones de conocer los elementos básicos para realizar un ejercicio de seguimiento y posteriormente, de exigencia de rendición de cuentas”, enfatizó la comisionada Areli Cano Guadiana.

Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la SEDENA, para que, en relación con la estrategia de implementación al Gobierno Federal para reducir la incidencia de homicidios dolosos en los 50 municipios del país que se encuentren con mayor índice delictivo, realice una búsqueda exhaustiva, respecto de aquella información que declaró inexistente y, en caso de localizarla, la proporcione a la particular.