Por: Redacción/

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (NA) planteó exhortar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sus homólogos en las entidades federativas, a revisar y reforzar las acciones enfocadas al diseño e implementación de un protocolo de prevención de abuso y violencia contra la niñez.

Lo anterior, con el propósito de salvaguardar los derechos de esta población y establecer mecanismos de coordinación con distintas autoridades para lograr el cumplimiento de las garantías reconocidas en la Constitución Política, leyes, tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

A través de un punto de acuerdo que analiza la Primera Comisión de la Permanente, se busca que las secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), junto con las entidades federativas, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de los programas que permitan identificar y erradicar la comisión de prácticas nocivas en contra de la niñez, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de la misma.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en materia de defensa de las garantías de la niñez, en 2017 se dejó a este sector en un estado de vulnerabilidad aún mayor del que ya tenía. La falta de políticas públicas adecuadas en este terreno tendrá impactos negativos en la vida de los 39.9 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país.

Saldívar Paz destacó que a pesar de avances legales como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y de la promulgación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, las autoridades “siguen demostrando falta de interés y compromiso en el tema”.

Del 2007 al 2016 se documentaron 11 mil 749 casos de homicidio de niñas, niños y adolescentes, con promedio de tres diarios en lo que va de la presente administración.

Respecto a la impartición de justicia, Redim subrayó que únicamente el 3 por ciento de los casos de agresiones contra menores de edad terminan con una sentencia condenatoria, lo que refleja una impunidad del 97 por ciento. Las niñas y adolescentes, además, son víctimas en mayor medida de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, con 30 por ciento del total de los casos.

Mencionó que los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de la mortalidad por homicidios, permiten dimensionar las condiciones que amenazan a la niñez: entre 2010 y 2015 fueron privados de la vida 431 niñas y niños menores de un año, es decir, un promedio anual de 71 homicidios, o bien, un caso cada cinco días.

Para el grupo de uno a cuatro años, las cifras son aún peores: de acuerdo con el Inegi, en ese mismo lapso hay 678 casos, equivalente a un promedio anual de 113 homicidios, arrojando para este segmento de edad una muerte cada tres días. En suma, se trata de mil 109 homicidios de niñas y niños menores de cinco años, con números, en conjunto, y promedio de dos casos al día.

“No impulsar acciones para dar atención y protección a la niñez que vive y crece en esta situación, es una muestra de complicidad y de impunidad, así como una clara violación al artículo 4 de la Constitución Política, en donde se establece como una obligación de las y los funcionarios actuar bajo el Interés Superior de la Niñez”, añadió.

La legisladora de NA se manifestó por “erradicar de tajo” el abuso infantil y lograr la participación de todas las autoridades responsables, en aras de obtener un avance significativo en esta tarea pendiente, bajo una estrategia integral orientada a prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia y abuso contra la infancia.