Por: Oswaldo Rojas

El Grupo Parlamentario del PRD presentó al Senado una iniciativa para modificar los artículos 35 y 116 constitucionales con el propósito de garantizar condiciones razonables, justas, equitativas y uniformes, para quienes pretendan conquistar un cargo de elección popular como candidatos independientes en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Con estas modificaciones, el PRD busca revocar los intentos que desde algunas legislaturas locales han pretendido hacer nugatoria este instrumento ciudadano que en las últimas elecciones evidenció el hartazgo de la ciudadanía hacia los políticos.

En una propuesta presentada a la Mesa Directiva del Senado de la República, la bancada del PRD sostuvo que el pasado 7 de julio, México enfrentó un proceso marcado por la pérdida de confianza del ciudadano en la política, en el institucionalismo Estatal y sobre todo en los políticos.

“En las candidaturas independientes la ciudadanía encontró una nueva esperanza para que el gobernante se acerque a las causas populares. Esto sacudió y atemorizó a sectores de la clase política lejanos al pueblo, poniendo de manifiesto que esta nueva figura es un elemento a considerar en los comicios de 2016, 2017 y 2018”, señaló.

El Grupo Parlamentario del PRD afirmó que la fracción se deslinda de todos aquellos que consideran a la política como un espacio de élite y pretendan cerrarlo a la participación ciudadana.

“Acusamos un intento desde los estados de echar atrás a esta conquista ciudadana, de cerrar este nuevo espacio de participación y expresión, cancelando la figura de las candidaturas independientes, apenas después de su primer puesta en marcha”.

En ese sentido, los senadores del PRD condenaron que tras la jornada electoral, las legislaturas de diversas entidades de la República llevaron a cabo reformas en sus códigos electorales que, en lugar de impulsar, dificultan el acceso a una candidatura independiente.

“Al regular esta figura, dichos estados establecieron en sus constituciones y legislaciones electorales cargas y restricciones desproporcionadas en comparación con el contenido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

EL GPPRD desatacó el caso de Puebla donde además de subir el porcentaje de apoyo ciudadano necesario para los candidatos independientes a 3 por ciento del padrón electoral, el candidato tiene que apersonarse ante la autoridad para, a manera de trámite, llenar el formato que haga constar su aval a que un ciudadano adquiera el carácter de candidato independiente.

Consideró que esta situación representa una regresión en el espíritu democratizador de la Reforma Político-Electoral promulgada en febrero de 2014, pues mediante la manipulación de las leyes locales se minan las posibilidades ejercer un derecho que avanzó y se plasmó en la ley por exigencia de múltiples organizaciones y de la propia gente.

Por ello, la propuesta planteó que la Constitución garantice el acceso a las candidaturas independientes bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, sin someterlos a restricciones que tiendan a obstaculizar la eficacia de ese derecho.

Se propuso un umbral de respaldo ciudadano equivalente, como máximo, al cero punto cinco por ciento de la lista nominal de electores correspondiente, omitiendo toda exigencia relacionada con la distribución poblacional o geográfica en la demarcación electoral.

Además, los requisitos relativos a la idoneidad de la persona para ser candidato, no podrán ser mayores a los exigidos a los candidatos de los partidos políticos ni establecer restricciones relativas a su filiación partidista.

“Nuestro sistema de partidos no puede devaluarse en un partidocracia cerrada a la ciudadanía, ni los partidos monopolizar el poder, ello no es democrático ni constitucional”.

El Grupo Parlamentario del PRD manifestó la convicción de que la política encuentra su razón de ser en el ciudadano, quien es el verdadero protagonista de la democracia, por tanto no es legítimo que quienes detentan el poder impulsen mecanismos para aferrarlo.