Por: Redacción/

El diputado Erick Figueroa Ovando –a nombre suyo y del diputado con licencia, Armando Soto Espino- presentó una iniciativa que tiene por objetivo reformar el Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, para establecer los delitos por hechos de corrupción “entre los más graves e infames de nuestro ordenamiento jurídico, con sanciones eficaces y contundentes, como medios de prevención”.

El legislador del GPPRD detalló que la propuesta añade a los tipos penales, la figura del decomiso de bienes en beneficio de la sociedad o con destino a causas de utilidad pública; la privación de las propiedades de los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar y la suspensión –hasta por 30 años- de los derechos políticos; así como la ampliación de los plazos para la prescripción de la acción penal.

El legislador argumentó que, de acuerdo a la Encuesta de corrupción y buen gobierno realizada en 2001 por Transparencia Mexicana, en nuestro país se pagan 214 millones de pesos en sobornos; “el problema consiste en que lo que se está viviendo y el monto pagado por concepto de soborno, no necesariamente representa el costo social del acto de corrupción”, dijo.

Agregó que la corrupción es un fenómeno complejo, con características propias que lo diferencían de otros delitos y cuyas consecuencias impactan en el bienestar general del país y de nuestra sociedad, por lo que gobiernos, académicos y organismos internacionales, han tradado de desarrollar marcos de análisis y combate a la misma.

“El abuso del poder y la impunidad que siempre acompaña a la corrupción se mantiene en un alarmante 95 por ciento, referido a los delitos cometidos, pero no castigados; particularmente durante los trámites realizados por los ciudadanos. Tristemente, México es uno de los países más corruptos del mundo y el peor posicionado entre aquellos que integran la OCDE”, sostuvo el perredista.

El secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables sostuvo que el Poder Legislativo tiene la impresindible obligación de generar, establecer y emprender acciones que proporcionen al Sistema Nacional Anticorrupción, herramientas que concuerden con la norma fundamental, el régimen jurídico, la norma moral y las buenas costumbres que garanticen eficientemente la disciplina, legalidad y objetividad de los servidores públicos.

“Estas son las iniciativas que el pueblo quiere ver, porque son iniciativas que vienen a poner orden en el combate a la corrupción”, sostuvo el chiapaneco