Por: Redacción/

Durante la administración del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México el común denominador fue la corrupción, así como la asociación entre intereses económicos y políticos, lo que provocó severos retrocesos en todos los ámbitos de la vida pública; de ahí que sea una prioridad establecer un marco legal para combatir estos flagelos, aseveró la diputada Ernestina Godoy Ramos.

En la Sesión Ordinaria del Congreso local, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena presentó –a nombre de dicha bancada– un paquete de iniciativas para fortalecer a las instituciones en el combate a la corrupción y la impunidad que prevalecen en la capital del país.

Las leyes que se propone reformar son: Ley Orgánica de la Administración Pública; Ley de Auditoría y Control Interno; Ley del Sistema Anticorrupción; Ley de Fiscalización Superior; Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas de la Ciudad de México.

“La seguridad, la movilidad, los servicios, los trámites, todo fue ocupado por redes de corrupción controladas desde las oficinas gubernamentales”, afirmó ante el Pleno legislativo.

Derivado de ello, explicó que el paquete de iniciativas busca armonizar el conjunto de leyes que regulan el Sistema Anticorrupción con la Constitución de la Ciudad de México; fortalecer a sus instituciones, y alejarlas del pernicioso sistema de reparto de cuotas entre partidos y redes de protección política.

“La corrupción, entendida como el uso del poder público en beneficio de intereses privados, fue la característica esencial del gobierno de Mancera y del gobierno de Peña Nieto. La corrupción se extendió y capturó a todas las instituciones públicas; incluso los partidos que lucharon por combatirla”, reiteró.

La también Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) indicó que el cáncer de la corrupción es un lastre con enormes costos económicos, políticos y sociales en los países que la sufren con mayor agudeza.

Señaló que la corrupción es un problema de carácter sistémico, pues entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los más corruptos entre sus 34 miembros, y de acuerdo con Transparencia Internacional 2017, nuestra nación ocupa el lugar 135 de 180, en un orden descendente de los menos a los más corruptos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos resaltó que en su propuesta de reformas se fortalece la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; se adecua el Sistema Anticorrupción Local al modelo previsto en la Ley General de esta materia.

Además, subrayó, se otorga al Sistema Anticorrupción la facultad de designar a algunos funcionarios que la integran, a fin de garantizar su autonomía y poder de gestión; se favorece la participación social en la selección e integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Resaltó que otro aspecto importante de la iniciativa es que disminuye la dimensión administrativo-estructural de la Secretaría de la Contraloría General capitalina; se restituye a su futuro titular la atribución de nombrar a los encargados del control interno en las dependencias y entidades de la administración pública, siempre bajo criterios de profesionalización.

“Con esta iniciativa, nuestro Grupo Parlamentario asume la corrupción como un asunto estructural, donde hay que buscar modelos que rebasen las soluciones burocráticas que no inciden de forma importante en acabar con la corrupción. Este Congreso está en deuda con la sociedad, tenemos que reivindicarlo y alejarlo de las prácticas corruptas que dominaron a la anterior Legislatura”, enfatizó.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen.