Por: Redacción/

Ante la posible contaminación en ríos y presas localizados al norte de Sinaloa por el derrumbe de la presa de jales de la Minera Río Tinto en Chihuahua, los senadores Adriana Loaiza Garzón y Salvador López Brito presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a investigar, aplicar medidas de contingencia y deslindar responsabilidades por el incidente ocurrido el pasado 4 de junio.

La propuesta, que incluye cinco resolutivos, hace un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como la Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se atienda desde sus respetivas responsabilidades por el incidente.

La legisladora subrayó la urgencia de conocer el tipo de materiales químicos que utiliza la empresa minera en sus procesos industriales y precisar el grado de toxicidad que pudiera representar para humanos, animales y vegetales.

Expresó también que dicha propuesta busca que las autoridades competentes prohíban a la Minera Río Tinto reiniciar los trabajos, hasta en tanto no se conozcan los materiales y procesos industriales que se utilizan, además de solicitar un informe completo de las consecuencias generadas por dicho derrame.

En la exposición de motivos, la senadora panista advirtió que debido a la cercanía de la presa de jales de la Minera Río Tinto, ubicada en el municipio de Urique, Chihuahua, los afluentes de los ríos del norte de Sinaloa y sus presas se encuentran en riesgo.

“En virtud de la probable derrama de jales tóxicos que van descendiendo por el río Tubares, que descarga sus aguas en el río Fuerte, el cual tiene tres presas en los municipios de Choix y el Fuerte. Esas presas irrigan y abastecen del líquido todo el norte de Sinaloa y representa la fuente básica para el consumo humano, animal y de riego a productos agropecuarios de esta región”, explicó.

Es importante precisar y deslindar responsabilidades, para cualquier instancia gubernamental o de la misma empresa, ante el hecho de no haber tomado medidas preventivas para evitar el accidente sucedido. concluyó la senadora Adriana Loaiza Garzón.

La propuesta se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.